Un 74% de los abogados cree que la profesión enfrenta una crisis ética. Conoce cómo los estudios legales abordan los conflictos de interés en este contexto.
Una reciente encuesta realizada por Diario Financiero ha revelado que un 74% de los abogados colegiados en el país consideran que la profesión atraviesa una crisis ética. Este sondeo, llevado a cabo por Cadem en junio y encargado por el Colegio de Abogados junto con el estudio García Nadal, se presenta en un contexto marcado por el escándalo conocido como el Caso Audios, en el que uno de los protagonistas es Luis Hermosilla, un jurista de gran renombre en el ámbito legal.
La percepción de crisis en la profesión, sumada a las repercusiones del mencionado caso, ha tenido un impacto significativo en la industria legal. En particular, los estudios de abogados han tenido que abordar estos temas en las últimas semanas y meses, promoviendo discusiones internas y revisando sus protocolos y manuales éticos. La mayoría de los estudios legales cuenta con políticas que regulan los conflictos de interés, las cuales, según indican, se alinean con las buenas prácticas internacionales y el código de ética del Colegio de Abogados.
Sin embargo, surgen interrogantes sobre la efectividad de estas políticas y cómo se implementan internamente. Para abordar estas cuestiones, Diario Financiero consultó a cuatro firmas legales de renombre. Las firmas que ofrecen servicios integrales y que tienen áreas de litigio son las que requieren un enfoque “especialmente riguroso”, según se señala.
En todas estas oficinas, se establece que cada vez que se presenta un nuevo cliente o un nuevo asunto relacionado con un cliente existente, se lleva a cabo una revisión por parte de los socios o un comité especializado para determinar si existe algún conflicto de interés. Rodrigo Ferrada, socio administrador de FerradaNehme, explica que “principalmente nos preocupamos de la independencia de juicio que debemos mantener, y si esta pudiera verse afectada al aceptar el encargo de un nuevo cliente”. Además, Ferrada destaca la importancia de analizar si aceptar un nuevo encargo podría llevar a defender intereses contradictorios con uno o más clientes actuales del estudio.
Otro aspecto que se debe considerar, según Ferrada, son los conflictos directos e indirectos, así como los conflictos reales y aparentes, y los conflictos actuales y eventuales. También se presta atención a los temas de parentesco y relaciones de amistad con clientes y autoridades, que podrían comprometer la libertad de decisión o inclinar la balanza de manera perjudicial para los clientes.
En la firma PPU, se implementan protocolos para la apertura de nuevos asuntos con el objetivo de “detectar, evaluar y resolver cualquier evento relacionado con este tema”, lo cual es obligatorio para sus oficinas en Chile, Colombia, Perú y Uría Menéndez de España, según detalla Alberto Pulido, socio de la firma y miembro del Comité de Deontología de PPU. Carlos Pérez-Cotapos, managing partner de Cariola Díez Pérez Cotapos, complementa que, tras la revisión, si surgen dudas, el asunto se lleva a un comité ejecutivo para su resolución. “Y, si hay conflicto, obviamente no lo tomamos”, añade.
Las firmas que ofrecen servicios integrales y que tienen áreas de litigio, según Rodrigo Albagli, managing partner de AZ, requieren un enfoque “especialmente riguroso” debido a la mayor exposición a posibles conflictos de interés. La firma aplica lo que denomina “barreras éticas”, que consisten en asignar ciertos asuntos y clientes a equipos independientes, asegurando la confidencialidad y separación efectiva de la información entre áreas. Albagli precisa que esto permite garantizar la independencia, transparencia y protección de los intereses de los clientes.
Carlos Pérez-Cotapos también menciona que los riesgos y la complejidad disminuyen cuando se realiza adecuadamente la verificación de conflictos de interés, especialmente en temas de licitaciones, donde varios clientes pueden querer participar en la misma compra, así como en el área de litigios, cuando un cliente decide demandar a otro cliente.
En situaciones donde existen “áreas grises”, PPU aborda estos temas en un Comité Deontológico que incluye a socios senior de los tres países donde tienen oficinas en la región, además de su socio en España. Pulido advierte que, a medida que aumenta el número de clientes y jurisdicciones, es más común que se presenten casos que deben ser evaluados en dicha instancia. En este sentido, la gestión de conflictos para estudios de servicios integrales se convierte en un desafío al momento de equilibrar las metas financieras de la firma con los criterios éticos en materia de conflictos de interés.
El caso Audios y la nueva Ley de Delitos Económicos y Medioambientales han renovado la atención sobre estas prácticas. Ferrada señala que, “más allá de algunos cambios o adiciones a nuestros protocolos, hemos provocado conversaciones en los equipos para reforzar la alerta permanente que debemos tener en el ejercicio de la profesión”. Alberto Pulido coincide y agrega que estas herramientas deben estar siempre sujetas a revisión y mejora, y que “casos emblemáticos” como este llevan a una mayor conciencia entre los abogados de la firma sobre la importancia de respetar y tomar en serio los protocolos establecidos.
A pesar de que las firmas entrevistadas aseguran no haber enfrentado problemas relacionados con conflictos de interés entre sus profesionales, reconocen que las sanciones pueden ser severas, incluyendo infracciones graves o la exclusión de socios, entre otras medidas disciplinarias.
