La Corte Suprema de Chile ha revocado la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado un recurso de amparo presentado por una ciudadana venezolana, quien había visto su solicitud de residencia definitiva denegada por el Servicio Nacional de Migraciones. La Corte ha ordenado que se reabra el procedimiento administrativo, otorgando a la solicitante un nuevo plazo de al menos 60 días para presentar el comprobante de pago de una multa por residencia irregular.
El caso se centra en la situación de la ciudadana venezolana, quien argumentó que la decisión del Servicio Nacional de Migraciones era ilegal y arbitraria, afectando su derecho a la libertad personal y a la reunificación familiar, tal como lo establece la Constitución chilena y la Ley N° 21.325. La mujer había sido notificada de que debía abandonar el país en un plazo de 10 días, lo que la colocaba en una situación de vulnerabilidad migratoria, especialmente considerando que tiene una relación formal con un ciudadano chileno.
En su defensa, la recurrente alegó que no pudo presentar el comprobante de pago de la multa debido a circunstancias de fuerza mayor, como el robo de sus pertenencias y documentos, lo que le impidió realizar los trámites necesarios. A pesar de esto, la Corte de Apelaciones había sostenido que el Servicio Nacional de Migraciones actuó dentro de sus atribuciones al rechazar la solicitud, argumentando que la mujer no había cumplido con la obligación de pagar la multa, a pesar de haber tenido varias oportunidades para hacerlo.
La Corte Suprema, sin embargo, encontró que la administración había incumplido su deber de garantizar un procedimiento justo y racional. En su fallo, el máximo tribunal destacó que la decisión de la administración era desproporcionada, considerando que la solicitante había residido en Chile durante varios años y mantenía lazos laborales y familiares en el país. Además, la Corte subrayó que no existían antecedentes penales en su contra en Chile.
Finalmente, la Corte Suprema determinó que la actuación del Servicio Nacional de Migraciones era ilegal y ordenó la reevaluación de la situación de la ciudadana venezolana, permitiéndole así la oportunidad de regularizar su estatus migratorio.