El derecho a ser juzgado en un plazo razonable es un principio fundamental en el sistema judicial chileno, reafirmado por la Corte Suprema, que destaca su importancia en el contexto de los derechos humanos. En un reciente fallo, la Corte Suprema de Chile subrayó que este derecho no solo está consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sino que también se encuentra respaldado por múltiples tratados internacionales, como el artículo 8 N° 1 de la CADH y el artículo 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte enfatiza que el respeto a este derecho es un deber de todos los órganos del Estado, tal como lo establece el artículo 5° de la Constitución chilena.
La Corte ha señalado que la prolongación de un proceso judicial puede generar una “pena de facto” para el imputado, quien enfrenta la incertidumbre y las consecuencias de una persecución penal que puede afectar su vida personal y profesional. En este sentido, la CADH establece en su artículo 7.5 que toda persona detenida tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser liberada, mientras que el artículo 8.1 garantiza que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha delineado cuatro criterios para evaluar la razonabilidad del plazo en los procesos judiciales: la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades estatales y la afectación que la duración del proceso tiene en la situación jurídica del imputado. De estos, la afectación personal es crucial, ya que el acceso a la justicia debe ser efectivo y no meramente formal.
La Corte ha advertido que la justicia tardía no es justicia, y que la demora en los procesos judiciales puede convertirse en un obstáculo material y psicológico para el ejercicio pleno del derecho a la justicia. La prolongación de los procedimientos judiciales no solo afecta la dignidad y la libertad del imputado, sino que también puede tener repercusiones en su estabilidad emocional y en su vida cotidiana.
Además, la Corte ha señalado que la prisión preventiva, en particular, representa una vulnerabilidad extrema, ya que la persona que se encuentra detenida sin condena sufre intensamente las consecuencias del retardo procesal. Cada día de demora en la resolución de su caso puede considerarse como una pena anticipada, lo que contraviene los estándares internacionales de derechos humanos.
La Corte Interamericana ha reiterado que la incertidumbre prolongada puede constituir una violación del debido proceso y de la dignidad humana. En este contexto, es fundamental que los procedimientos judiciales se lleven a cabo con la celeridad necesaria para evitar que la duración del proceso afecte de manera desproporcionada a los imputados.
La Corte Suprema ha instado a los actores del sistema judicial, incluidos jueces, fiscales y defensores, a trabajar en conjunto para asegurar que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable se respete y se implemente de manera efectiva. La situación actual en los tribunales, donde muchos imputados enfrentan largos períodos de incertidumbre, pone de manifiesto la necesidad de reformas que garanticen un acceso a la justicia real y efectivo, en línea con los estándares internacionales y los derechos humanos.