La Corte Suprema de Chile ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción, que había acogido un recurso de protección contra la Municipalidad de Hualqui, anulando el Decreto Exento N°384 del 10 de febrero de 2025. Este decreto había reubicado a una funcionaria de su puesto como Jefa de Administración y Finanzas de la Dirección de Salud a un cargo inferior como Ejecutiva de Compras en la Unidad de Adquisiciones, lo que fue considerado un acto administrativo sin la debida motivación y razonabilidad.
La funcionaria afectada argumentó que su traslado se realizó sin una justificación adecuada y que la medida constituía una represalia antisindical, dado que contaba con fuero sindical al ser tesorera de la Asociación de Funcionarios de la Salud (AFUSAM Hualqui). Además, sostuvo que la decisión vulneraba sus derechos constitucionales, incluyendo la estabilidad laboral y la igualdad ante la ley.
En su defensa, la Municipalidad de Hualqui solicitó el rechazo del recurso, afirmando que el traslado se enmarcaba dentro de sus facultades legales y que la funcionaria mantenía su nivel y remuneración. Argumentaron que la reubicación se justificaba por razones de eficiencia y mejora del servicio, y negaron cualquier violación a derechos sindicales o constitucionales.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Concepción determinó que el acto administrativo carecía de la fundamentación necesaria, lo que llevó a la anulación del decreto. En su fallo, la corte destacó que el decreto simplemente enumeraba las normas que permitían la medida, sin ofrecer los fundamentos que justificaran la decisión, lo que resultaba en una falta de razonabilidad y configuraba arbitrariedad.
La Corte Suprema, al confirmar el fallo de la Corte de Apelaciones, ordenó a la Municipalidad de Hualqui que, si consideraba necesario remover a la funcionaria de su cargo, debía emitir un nuevo acto administrativo que estuviera debidamente fundamentado y motivado.