La Corte Suprema de Chile ha revocado la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que había desestimado un recurso de protección interpuesto por una funcionaria de Carabineros, quien fue desvinculada de su cargo antes de que finalizara su contrato, a pesar de contar con una prórroga vigente hasta el año 2024.
La funcionaria argumentó que su despido vulneraba sus derechos fundamentales, ya que la resolución que puso fin a su designación se basaba en una supuesta falta de necesidad de sus servicios, la cual consideraba infundada. En su defensa, la recurrente alegó que la decisión carecía de motivación suficiente y se sustentaba en un dictamen médico que aún estaba en proceso de impugnación, además de ignorar el principio de confianza legítima, dado su largo historial de más de quince años de servicio.
Por su parte, Carabineros defendió su decisión, afirmando que se había actuado conforme a la normativa vigente para el personal contratado, y que la Comisión Médica Central había determinado que la funcionaria no estaba apta para realizar las funciones de su cargo, lo que justificaba la conclusión de que sus servicios ya no eran necesarios.
La Corte de Apelaciones había rechazado el recurso, argumentando que la autoridad había actuado dentro de sus atribuciones y que el acto administrativo estaba debidamente fundamentado, considerando que la controversia se relacionaba con el mérito y la oportunidad del acto, aspectos que no eran competencia del recurso de protección.
Sin embargo, la Corte Suprema determinó que la resolución impugnada era ilegal y arbitraria, ya que no proporcionaba una justificación clara y coherente sobre la supuesta falta de necesidad de los servicios de la funcionaria, a pesar de la existencia de una prórroga de su contrato. En su fallo, el máximo tribunal subrayó que la motivación real del acto administrativo no coincidía con la justificación formal presentada, lo que contravenía las exigencias de motivación establecidas en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.
El fallo también destacó que la autoridad no explicó por qué las funciones de auxiliar de contabilidad que desempeñaba la funcionaria habían dejado de ser necesarias, lo que evidenció un vicio en el propósito del acto administrativo, haciéndolo susceptible de anulación. Además, se consideró que se había vulnerado el derecho de propiedad de la funcionaria, al privarla de sus remuneraciones, así como el principio de igualdad ante la ley.
Como resultado de esta decisión, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones, acogió el recurso de protección y dejó sin efecto la resolución que había puesto fin a la contrata de la funcionaria, ordenando a Carabineros el pago de las remuneraciones correspondientes desde su separación hasta la expiración natural de su contrato.
