La Corte Suprema de Chile ha revocado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, confirmando la destitución de una asistente de la educación de la Municipalidad de Yumbel, quien había interpuesto un recurso de protección tras ser sancionada por viajar a Brasil mientras se encontraba con licencia médica que le exigía reposo total.
La funcionaria, con más de 22 años de servicio, argumentó que su salida del país durante la licencia no justificaba la severa sanción impuesta. En su defensa, alegó que la destitución era desproporcionada y que no se consideraron circunstancias atenuantes, como su conducta previa, que había sido irreprochable. Además, cuestionó la competencia de la Municipalidad para evaluar el uso de su licencia médica, argumentando que la decisión vulneraba sus derechos constitucionales, incluyendo el debido proceso y la igualdad ante la ley.
En respuesta, la Municipalidad de Yumbel defendió la legalidad de la destitución, señalando que la Contraloría General de la República había ordenado una investigación que confirmó que la funcionaria había salido del país durante su licencia médica. El municipio calificó esta acción como una grave infracción al principio de probidad administrativa, considerándola deshonesta y desleal. Según la normativa vigente, el alcalde estaba obligado a imponer la sanción correspondiente sin considerar atenuantes.
La Corte de Apelaciones de Concepción había inicialmente acogido el recurso de protección, argumentando que la Municipalidad no había realizado un análisis adecuado de las circunstancias que justificaran la severidad de la sanción. El tribunal consideró que la decisión municipal era arbitraria y afectaba la garantía de igualdad ante la ley, ya que otros funcionarios en situaciones similares habían visto sus circunstancias personales consideradas en procesos administrativos.
Sin embargo, la Corte Suprema, al revisar el caso, determinó que el uso indebido de una licencia médica para fines personales, como un viaje al extranjero, representa una grave violación al principio de probidad administrativa. La Corte concluyó que el procedimiento disciplinario se había llevado a cabo de acuerdo con las normas legales y que se respetó el derecho a defensa de la asistente, sin que se encontrara ilegalidad o arbitrariedad que justificara el recurso de protección.
El fallo de la Corte Suprema reafirmó que el recurso de protección no es el medio adecuado para cuestionar la legalidad o el mérito de las decisiones administrativas en un procedimiento disciplinario, subrayando que el control judicial se limita a la revisión de la legalidad y razonabilidad de las decisiones, sin entrar en el fondo de las cuestiones administrativas.