La Corte Suprema de Chile ha ratificado la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que desestimó un recurso de amparo presentado por un imputado vinculado a una organización criminal en el campamento «Mujeres de Familia» de Antofagasta, que se dedica al tráfico de drogas, acopio de armas y uso de violencia para mantener el control sobre sus miembros.
El imputado, un ciudadano colombiano con residencia regular en el país y empleo formal como conductor profesional, había solicitado la anulación de la orden de detención en su contra, argumentando que esta era ilegal y arbitraria. Según su defensa, no se le había proporcionado acceso a los antecedentes que justificarían su vinculación con los delitos que se investigan, que incluyen secuestro con extrema violencia, así como asociación criminal.
El recurrente alegó que había tomado conocimiento de la orden de detención a través de su entorno cercano, lo que ha generado un clima de temor e inestabilidad en su vida personal y laboral. Además, argumentó que la falta de acceso a la información investigativa le impedía ejercer una defensa adecuada y contravenía el principio de publicidad de los actos del Estado.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta determinó que la orden de detención se había emitido dentro de las atribuciones jurisdiccionales establecidas en los artículos 9 y 127 del Código Procesal Penal. La corte consideró que existían antecedentes suficientes proporcionados por el Ministerio Público que justificaban razonablemente la existencia del delito de secuestro y la participación del imputado, lo que desestimó las alegaciones de ilegalidad o arbitrariedad.
La corte también subrayó que la orden de detención tenía como objetivo asegurar la comparecencia del imputado en la audiencia de formalización. Además, se indicó que el recurso de amparo no es el mecanismo adecuado para impugnar actos procesales que no impliquen una privación efectiva de libertad, sugiriendo que la comparecencia ante el tribunal es el medio correcto para que el imputado ejerza sus derechos y garantías procesales.
Finalmente, se destacó que, a pesar de haber sido informado sobre la orden de detención, el imputado no se presentó ante las autoridades, optando en su lugar por interponer el recurso de amparo para evitar la formalización. Por lo tanto, la Corte Suprema confirmó el fallo de la corte inferior, desestimando la apelación de la defensa.