La Corte de Apelaciones de Santiago ha desestimado la reclamación presentada por un ciudadano colombiano contra la Resolución Exenta N° 2423, emitida por la Intendencia de la Región Metropolitana, que ordenó su expulsión del país. El tribunal consideró que la medida se ajusta a la normativa vigente y fue adoptada de manera adecuada por la autoridad competente.
El reclamante, quien ingresó a Chile como turista en 2019, argumentó que la decisión de expulsarlo era desproporcionada, ya que había permanecido en el país tras el vencimiento de su permiso, pero había pagado la multa correspondiente a dicha infracción. Además, destacó que contaba con arraigo laboral y familiar, ya que trabajaba en oficios informales y mantenía una relación con una connacional que tiene residencia en el país. También mencionó que su causa penal por robo en lugar no habitado fue sobreseída en 2022 y que había intentado obtener residencia temporal en tres ocasiones, aunque le fue negada debido a la sanción administrativa vigente.
Por su parte, el Servicio Nacional de Migraciones solicitó el rechazo de la acción, argumentando que la expulsión se dictó conforme al Decreto Ley N° 1.094, que estaba en vigor en el momento de los hechos. Este organismo señaló que el extranjero había prolongado su permanencia como turista de manera irregular y había realizado actividades remuneradas sin la debida autorización. La sanción, según el Servicio, estaba debidamente fundamentada y fue notificada personalmente al reclamante por la Policía de Investigaciones en julio de 2025.
La Corte de Apelaciones, al analizar el caso, concluyó que el reclamante había ingresado al país como turista y se había mantenido en Chile sin la autorización correspondiente, además de haber realizado actividades laborales sin el permiso adecuado. El tribunal enfatizó que el pago de la multa por permanencia irregular “no extingue la sanción de expulsión, por tratarse de medidas de distinta naturaleza y finalidad”. Asimismo, destacó que la normativa vigente tanto en 2019 como bajo la Ley N° 21.325 contempla la expulsión como consecuencia del vencimiento del permiso de residencia sin renovación.
El fallo también indicó que los argumentos sobre el arraigo laboral y familiar no eran suficientes para invalidar la medida, ya que no se había acreditado de manera suficiente el vínculo familiar mencionado y las actividades laborales eran irregulares.
Finalmente, la Corte de Santiago determinó que la expulsión fue dictada “dentro de las atribuciones legales conferidas a la autoridad administrativa competente y con fundamento en normas legales expresas”, rechazando así el reclamo de ilegalidad presentado por el ciudadano colombiano.
