A casi diez años de la implementación de la Ley N°21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas, conocida como Ley Cholito, la jurisprudencia chilena continúa evolucionando en la interpretación de los derechos y responsabilidades de los dueños de animales de compañía. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Concepción emitió un fallo significativo en un caso que involucra a un perro cuyos constantes ladridos afectaron la salud psíquica de una persona mayor, lo que llevó a la afectada a interponer un recurso de protección.
El tribunal determinó que los ladridos del perro generaron una perturbación en la integridad física y psíquica de la recurrente, lo que constituyó una vulneración de sus derechos fundamentales. Este fallo resalta que la Ley Cholito no solo establece derechos para el bienestar de los animales, sino que también impone obligaciones a sus dueños, quienes deben responder por los daños que sus mascotas puedan causar, tal como se establece en los artículos 10 y 13 de la ley y en su reglamento.
Uno de los aspectos más destacados de esta sentencia es que, a diferencia de lo que se esperaría en un juicio civil, donde se debe probar la culpa del propietario del animal, el fallo se basó en un test de proporcionalidad. Esto significa que el tribunal ponderó los derechos en conflicto: la integridad de la persona afectada y el derecho de propiedad de la dueña del perro. La Corte resolvió que, en este caso, era necesario priorizar la protección de la salud de la persona mayor, quien tiene 91 años, sobre el derecho de propiedad de la dueña del animal.
La Corte de Apelaciones también destacó que el procedimiento de protección no requiere una etapa probatoria formal, lo que permite una resolución más rápida en situaciones urgentes. En este caso, desde la presentación del recurso hasta la sentencia final transcurrieron aproximadamente 49 días, un tiempo considerado récord para este tipo de procedimientos.
Además de proteger a la recurrente, la Corte ordenó medidas para garantizar la tranquilidad del vecindario, incluyendo la posibilidad de que se realicen obras de aislamiento acústico en el hogar donde se encuentra el perro. Esta decisión refleja la capacidad de los tribunales para actuar de manera efectiva en la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente en situaciones que involucran a personas vulnerables como los ancianos.
El fallo también subraya la importancia de la Ley N°19.828, que protege los derechos de las personas mayores, y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile en 2017. Estos marcos legales garantizan que las personas mayores reciban una atención especial y protección ante situaciones que puedan afectar su bienestar.
Este caso se suma a otros precedentes judiciales que han abordado la tenencia responsable de mascotas y la necesidad de equilibrar los derechos de los propietarios de animales con la protección de la salud y el bienestar de las personas afectadas por su comportamiento.