Rechazo de la Corte al recurso de desalojo en Cerro Centinela genera controversia entre políticos

El rechazo al recurso de desalojo en Cerro Centinela genera controversia entre vecinos.
El rechazo al recurso de desalojo en Cerro Centinela genera controversia entre vecinos.

El rechazo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso al recurso presentado por la Delegación Presidencial Regional ha generado diversas reacciones en torno al desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, ubicada en la comuna de San Antonio.

Detalles del desalojo programado

La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha decidido mantener la fecha de desalojo para el 30 de noviembre, a pesar de la solicitud de la Delegación Presidencial Regional de postergar este proceso por al menos un año. Esta decisión se produce en un contexto donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha comenzado conversaciones con los propietarios del terreno en cuestión, buscando una solución que evite el desalojo inmediato.

Reacciones desde el Congreso Nacional

Desde el ámbito político, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, ha expresado su postura sobre la situación, afirmando que las personas que ocupan el terreno están cometiendo el delito de usurpación. En sus declaraciones, Flores enfatizó que los propietarios tienen el derecho legítimo de recuperar su propiedad, lo que refleja una postura firme en defensa de los derechos de los dueños de la tierra.

Perspectivas de los parlamentarios

Por otro lado, el parlamentario del Partido Socialista, Tomás De Rementería, ha abordado la situación desde una perspectiva diferente. De Rementería ha mencionado que el concepto de “Téngase Presente” es un camino a seguir, subrayando la importancia de que las personas que residen en la megatoma no enfrenten un desalojo violento. Esta declaración pone de relieve la necesidad de considerar el bienestar de los ocupantes en el proceso de desalojo.

Decisión de la Corte de Apelaciones

Es relevante señalar que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ha calificado el recurso presentado por la Delegación Presidencial como improcedente, lo que ha llevado a la confirmación de la fecha de desalojo. Esta decisión judicial se enmarca en un contexto de tensiones sociales y políticas en torno a la ocupación de terrenos y los derechos de propiedad en la región.