La Corte de Apelaciones de Arica ha decidido acoger un recurso de protección presentado por funcionarios del Ejército de Chile, en contra de la Comandancia de Guarnición Ejército Arica, al considerar que la resolución que confirmó sanciones disciplinarias y ordenó su ejecución vulneró derechos constitucionales.
Los funcionarios argumentaron que, en el ejercicio de sus funciones, fueron sometidos a procedimientos administrativos disciplinarios relacionados con hechos que también estaban siendo investigados penalmente. Estas acciones resultaron en sanciones que incluían días de arresto con servicio, anotaciones negativas en sus hojas de vida y, en el caso de uno de ellos, el licenciamiento del servicio activo. Según los recurrentes, estas sanciones tienen efectos duraderos en su situación personal, profesional y económica.
Los recurrentes señalaron que las sanciones impuestas afectan su libertad personal y su proyección profesional, ya que las anotaciones negativas impactan en sus calificaciones y posibilidades de ascenso. Además, el licenciamiento implica la terminación de su relación laboral con el Ejército, lo que conlleva la pérdida de expectativas económicas y profesionales.
Argumentaron que las sanciones fueron impuestas mientras se llevaban a cabo investigaciones penales sobre los mismos hechos, lo que requería un mayor cuidado y respeto por el debido proceso por parte de la autoridad administrativa. En particular, cuestionaron la forma en que se notificaron las resoluciones, alegando que no se realizó la notificación personal a pesar de que existían mandatos judiciales y direcciones profesionales para tal efecto. En su lugar, se envió una carta certificada a una dirección incompleta, que fue recibida por un tercero, lo que impidió que los recurrentes y su defensa tuvieran conocimiento de las resoluciones.
Además, los recurrentes afirmaron que se omitieron antecedentes relevantes en el expediente administrativo, lo que resultó en un proceso incompleto y parcial. Esto llevó a que la autoridad declarara firmes las resoluciones sancionatorias sin que los recurrentes tuvieran la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa, lo que, según ellos, vulneró el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Por su parte, el Comandante de Guarnición Ejército Arica solicitó el rechazo del recurso, argumentando que los procedimientos se ajustaron a la normativa y que se respetaron las garantías del debido proceso. Afirmó que los recurrentes fueron notificados de manera adecuada y que no hubo actos arbitrarios.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Arica determinó que, a pesar de algunas imprecisiones en la presentación del recurso, existía una vulneración clara del debido proceso. La Corte constató que los recurrentes habían presentado un recurso de reconsideración que no fue recibido por la autoridad, lo que les impidió ejercer su derecho de defensa.
En consecuencia, la Corte decidió anular la resolución impugnada y ordenó a la Comandancia de Guarnición Ejército Arica que conociera y resolviera el recurso de reconsideración presentado por los funcionarios, restableciendo así el orden jurídico y garantizando el respeto a sus derechos fundamentales.