La Contraloría General de la República de Chile ha emitido un informe alarmante sobre la gestión de la droga incautada en el país, revelando serias irregularidades en el manejo de las actas de recepción y cadenas de custodia por parte de las fuerzas policiales. Según el primer Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N° 1 de 2025, se detectaron demoras de hasta 288 días en el envío de estos documentos, incumpliendo el plazo legal de 24 horas. Además, se observaron discrepancias significativas en el peso de la droga, con variaciones de hasta 32 kilos entre lo reportado y lo registrado por los efectivos policiales.
El informe, que abarca auditorías realizadas entre enero de 2023 y julio de 2025, incluye un total de 62 auditorías, de las cuales 22 permanecen en reserva por contener “información sensible”. En el ámbito carcelario, se identificaron 1.279 internos que recibieron visitas a pesar de tener prohibiciones, así como 1.539 personas que ingresaron a recintos penitenciarios con restricciones de acceso. Además, se constató que 479 individuos que se presentaron como abogados no pudieron demostrar su profesión.
La CGR también destacó que solo el 12,7% de las cárceles cuenta con sistemas de inhibición de señal, los cuales son inadecuados, ya que la mayoría solo funcionan con tecnología 2G, mientras que la mayoría de los teléfonos móviles actuales utilizan 4G o 5G. A pesar de la inhibición, se permite la comunicación a través de wifi. En 70 de los 79 establecimientos del sistema cerrado, no se planificaron allanamientos ordinarios para el año 2024.
En cuanto al control de fronteras, el informe reveló que los funcionarios carecían de exámenes médicos y certificaciones necesarias, y que no se realizaron todas las visitas a hitos ni patrullajes de soberanía. También se constató la falta de un registro centralizado de personas que ingresan por pasos no habilitados.
Respecto al orden público, se identificaron 25 vehículos policiales con cámaras inoperativas y casos de funcionarios que no contaban con exámenes psicológicos o certificaciones para el uso de armamento menos letal. Durante diversas fiscalizaciones vehiculares, se reportó que 626 vehículos robados no fueron recuperados y 144 personas con órdenes judiciales vigentes no fueron detenidas. Además, 869 infracciones que requerían el retiro de vehículos no se llevaron a cabo.
El informe también señala que se encontraron armas no registradas y falta de documentación en incautaciones, así como deficiencias en la trazabilidad de los sistemas de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Gendarmería. En la Armada, se carece de un sistema informático para el registro de asignación y devolución de armamento. En la Dirección General de Movilización Nacional, se detectaron personas con condenas vigentes que poseían armas registradas, así como la adquisición de municiones por encima del límite legal.
En el ámbito de la gestión de drogas, la CGR reportó que las demoras en la destrucción de drogas alcanzaron hasta 189 días, incumpliendo el plazo legal de 15 días. Las salas de custodia policial se utilizan como bodegas sin protocolos adecuados, y los recintos de salud presentan deficiencias en seguridad y control.
Como resultado de estas auditorías, se han instruido tres procedimientos disciplinarios, 35 procesos sumariales y se han enviado nueve informes al Ministerio Público, uno al Consejo de Defensa del Estado y otro a la Fiscalía de Aviación. Este informe pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la gestión y control en las instituciones encargadas de la seguridad y el orden público en Chile.