La Contraloría General de la República emitió el Dictamen N° E210501N25 el 9 de diciembre de 2025, en respuesta a una consulta de la Municipalidad de Chañaral sobre el uso de aportes fiscales al Fondo Común Municipal, regulados por la ley N° 21.591 sobre royalty a la minería y la ley N° 21.640 de Presupuestos del Sector Público para el año 2024, para financiar contrataciones y adquisiciones.
La consulta planteaba si era posible destinar estos recursos a la financiación de contratos a honorarios relacionados con un programa de acción comunitaria, así como a la compra de computadores cuyo pago fue autorizado a finales de 2024.
En su análisis, la Contraloría recordó que los ingresos del Fondo Común Municipal son parte del patrimonio municipal, según los artículos 13 y 14 de la ley N° 18.695, y que los aportes fiscales que lo componen son de libre disposición, conforme al artículo 35 del decreto ley N° 3.063 de 1979, debiendo ser utilizados para cumplir con las funciones legales de los municipios.
Además, la ley N° 21.640 estableció aportes únicos y extraordinarios al Fondo Común Municipal, regulados por una glosa presupuestaria que prohíbe su uso para el pago de deudas municipales contraídas hasta el 31 de diciembre de 2023.
Con base en esto, el órgano contralor reiteró su jurisprudencia, afirmando que los recursos recibidos por las municipalidades por concepto de Fondo Común Municipal ingresan completamente a su patrimonio y no tienen un destino específico predeterminado, salvo las limitaciones establecidas por la normativa vigente.
La Contraloría concluyó que no hay impedimento jurídico para que la Municipalidad de Chañaral utilice los aportes fiscales transferidos en 2024 para financiar contrataciones a honorarios necesarias para su programa de acción comunitaria, siempre que estos recursos se utilicen para cumplir con sus funciones legales.
Asimismo, se destacó que en comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal o con menores ingresos propios, existe una prohibición expresa para usar estos aportes en el pago de deudas municipales contraídas hasta el 31 de diciembre de 2023.
Finalmente, la Contraloría indicó que no hay restricciones para financiar la adquisición de computadores autorizada en 2024, ya que no se trata de una deuda contraída antes del límite temporal establecido por la glosa presupuestaria.
El dictamen completo puede ser consultado en el Dictamen N° E210501N25.