La Contraloría General de la República (CGR) ha comenzado un proceso de fiscalización enfocado en las licencias médicas que han sido otorgadas a funcionarios de diversos servicios públicos en el país. El objetivo de esta acción es verificar el uso adecuado de las bajas por enfermedad de los servidores del Estado, con la intención de prevenir que estas licencias sean utilizadas para propósitos distintos a los establecidos.
Objetivo de la fiscalización
Según lo indicado por la CGR, para llevar a cabo esta fiscalización, se ha solicitado a las instituciones públicas que proporcionen información detallada sobre las licencias médicas emitidas durante el período comprendido entre 2022 y 2024.
Declaraciones de expertos
La exsuperintendenta de Seguridad Social, María Soledad Ramírez, comentó que esta medida tiene como finalidad “detener los abusos” y evitar que “paguen justos por pecadores”. En sus declaraciones, Ramírez enfatizó la necesidad de proteger los sistemas de seguridad social, afirmando: “Creo que esto es para parar los abusos. Nuestros sistemas de seguridad social necesitan ser objeto de una defensa no solamente por parte de las autoridades, sino que también por parte de los empleadores y también los trabajadores”.
Apoyo político a la fiscalización
El senador Gustavo Sanhueza (UDI), quien es miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, expresó su apoyo a la iniciativa de la CGR. Sanhueza destacó la importancia de este tipo de fiscalizaciones, afirmando: “Este tipo de fiscalizaciones son fundamentales para prevenir la malversación de fondos públicos y garantizar la correcta utilización de los recursos estatales”.
Datos sobre licencias médicas
De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Presupuestos, se ha determinado que los funcionarios públicos tienen un promedio de 3,1 licencias médicas al año, lo que equivale a casi 32 días de trabajo perdidos. Este dato resalta la relevancia de la fiscalización en el contexto del uso de licencias médicas en el sector público.
