La Contraloría ha objetado un total de $15,9 billones en los estados financieros de 73 instituciones públicas, destacando las carteras de Defensa, Vivienda e Interior como las más afectadas. Este informe, que abarca el periodo desde 2020, ha generado una serie de reacciones políticas y judiciales en el país.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se pronunció sobre el informe de la Contraloría, señalando que “es necesario precisar que estamos hablando de un informe que comprende el periodo que se inicia el año 2020, antes de que asumiera el nuevo gobierno”. Esta declaración busca atribuir parte de la responsabilidad a la administración del ex presidente Sebastián Piñera, dado que el informe revela irregularidades significativas en tres ministerios clave.
En detalle, la cartera de Defensa, actualmente dirigida por Adriana Delpiano, presenta la mayor objeción con $4,2 billones. Le siguen el Ministerio de Vivienda con $1,7 billones y el Ministerio del Interior con $1,6 billones. La Contraloría ha indicado que en estos casos se emitió una “Abstención de opinión”, lo que significa que no se encontró evidencia suficiente que confirme la razonabilidad y confiabilidad de los saldos de sus balances.
La oposición ha comenzado a movilizarse en respuesta a este informe, activando una ofensiva que se desarrolla en dos frentes: judicial y político. Desde la UDI, diputados han anunciado su intención de solicitar la designación de fiscales especiales para investigar posibles delitos, además de que la Contraloría ya ha puesto los antecedentes a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El diputado Jorge Alessandri (UDI) ha mencionado que, a pesar de que las acusaciones constitucionales contra ministros de este gobierno han sido desestimadas, los ministros tienen responsabilidad política incluso tres meses después de dejar el cargo. Esto se basa en el artículo 52 de la Constitución Política, que permite interponer acusaciones durante ese periodo.
Las carteras mencionadas en el informe de la Contraloría incluyen, además de Defensa, Vivienda e Interior, a Educación, Desarrollo Social, Salud, Deportes, Ciencia y Tecnología, Agricultura, Economía y Trabajo. El diputado Álvaro Carter (REP) ha enfatizado que los ministros deben administrar con probidad el patrimonio de todos los chilenos y que la negligencia en la gestión de recursos debe tener consecuencias políticas.
Por su parte, el jefe de bancada de diputados UDI, Henry Leal, ha afirmado que, aunque queda poco tiempo de gobierno, no se descartan herramientas de fiscalización como oficios, citaciones e interpelaciones. La situación financiera del proyecto en cuestión también es preocupante, ya que se estima que está desfinanciado en cerca de US$1.150 millones que no están considerados en el Presupuesto 2026.