El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, enfrenta un posible proceso de destitución debido a la contratación de un servicio de coaching institucional por un monto de $31.366.179, que ha sido cuestionado por la Contraloría. Este hecho se ha convertido en el principal argumento de consejeros de la UDI y el Partido Republicano para alegar un “notable abandono de deberes” por parte de Orrego.
La controversia surge tras la decisión de la Corte de Apelaciones, que rechazó la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público en el marco de la investigación del caso ProCultura. Orrego, en respuesta a las acciones de la oposición, afirmó: “Este es un llamado para los consejeros republicanos y la UDI, el que siembra vientos, cosecha tempestades. Esta no es la manera de hacer política. Cuando uno asume un cargo, lo que hace primeramente no es pedir la destitución de la autoridad que se iba a elegir”.
Los consejeros regionales que llevaron el caso al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) sostienen que aún existen opciones para destituir al gobernador, a pesar de que el tribunal no formalizó el desafuero. En particular, destacan las irregularidades administrativas señaladas por la Contraloría, que incluyen la contratación del coaching, el cual, según la auditoría, se centró en temas políticos y de campaña electoral, en lugar de asuntos administrativos del Gobierno Regional (GORE).
Ignacio Dúlger, consejero de la oposición, comentó: “Lo que está pendiente y aún no se resuelve es el informe de la Contraloría que deja en evidencia que hay una contradicción grave al principio de probidad. Esa contradicción es la que hace necesaria la destitución, que es lo que estamos solicitando en el Tribunal Calificador de Elecciones”. Dúlger agregó que el coaching, financiado con fondos públicos, abordó aspectos de la campaña electoral, lo que considera ajeno a la administración del GORE.
El proceso de destitución se encuentra en una fase crítica, con la próxima etapa de alegatos programada para marzo, donde se espera que los representantes de los consejeros se enfoquen en las irregularidades señaladas por la Contraloría, dejando de lado el caso ProCultura, que ya fue resuelto por el tribunal de alzada. La situación de Orrego continúa siendo objeto de atención en el ámbito político nacional.