Durante esta tarde, los líderes de bancada de Chile Vamos, que incluyen a Ximena Ossandón de Renovación Nacional (RN), Gustavo Benavente de Unión Demócrata Independiente (UDI) y Jorge Guzmán de Evópoli, decidieron presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en relación a la fallida adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Gobierno.
Esta decisión se produce tras la aprobación en la sala de la Cámara de Diputados de un acuerdo que expresa el rechazo a la política del gobierno en cuanto a la compra de inmuebles patrimoniales. Además, se solicitó al Presidente Gabriel Boric que proporcione antecedentes para esclarecer las irregularidades relacionadas con la fallida compra del mencionado inmueble.
El requerimiento tiene como objetivo que el pleno del Tribunal Constitucional evalúe las causales de inhabilidad que se encuentran en el artículo 60 de la Constitución, el cual prohíbe de manera explícita a los parlamentarios en ejercicio celebrar contratos con el Estado de Chile.
Los parlamentarios de Chile Vamos buscan establecer responsabilidades en relación a la senadora socialista Isabel Allende, quien es nieta del exjefe de Estado. En este contexto, el diputado Gustavo Benavente, quien es el jefe de bancada de la UDI, afirmó que es “importante que como Chile Vamos, nos hayamos tomado el tiempo suficiente para realizar una presentación sólida jurídicamente y que tenga todos los elementos necesarios para que la acción sea acogida favorablemente por el TC”.
En cuanto a la fallida compra de la casa y el Tribunal Constitucional, el diputado Benavente añadió que “como Chile Vamos actuaremos en conjunto en materias de fiscalización y en otras acciones, dando muestras de gobernabilidad para los chilenos”.
Por su parte, la diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada de Renovación Nacional, expresó que tienen certeza de que “la senadora Allende ha incurrido en una causal de cesación en el cargo”.
Finalmente, Jorge Guzmán, jefe de bancada de Evópoli, declaró que “es de responsabilidad ejercer todas las acciones que nos entrega la ley para que existan sanciones por la vulneración evidente a la norma constitucional por parte de la senadora Allende y la ministra Fernández”.
El diputado Guzmán concluyó afirmando que “no hacerlo es ser cómplice de un ilícito constitucional demasiado evidente y que debe ser sancionado en conformidad a la ley. Anticipar el resultado del Tribunal por su composición política es debilitar fuertemente la institucionalidad del país”.
Este desarrollo en el ámbito político chileno resalta la tensión entre el gobierno y la oposición en torno a la gestión de bienes patrimoniales y la legalidad de las acciones de los parlamentarios.
