Un nuevo escándalo relacionado con el Centro de Desarrollo e Innovación Espacial en la Región del Biobío ha surgido, llevando el caso a la justicia y generando cuestionamientos por parte de la Contraloría General de la República. Este asunto se originó tras la denuncia presentada en abril de este año por el ingeniero comercial Jorge Condeza, quien solicitó una investigación sobre el convenio firmado en 2022 entre el Gobierno Regional del Biobío y la Fundación Leitat, que implicó la entrega de $719.700.000 millones.
La Contraloría, tras llevar a cabo una indagación, confirmó la existencia de varias irregularidades que ya se habían sospechado anteriormente, especialmente en relación con el retraso en las rendiciones y el porcentaje de avance del programa. La gravedad de estas irregularidades representa un nuevo desafío para Rodrigo Díaz, gobernador del Biobío, ya que el ente contralor ha decidido remitir los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El convenio ya estaba bajo la atención del Ministerio Público desde mayo de este año, cuando la Fiscalía Regional anunció la apertura de una investigación de oficio, motivada por información expuesta en un reportaje de Radio Biobío. Esta acción judicial fue seguida meses después por una querella por fraude al fisco presentada por el propio Gore del Biobío, que acusó incumplimientos por parte de la Fundación Leitat.
Uno de los personajes clave en este caso es el exdiputado Ricardo Rincón, quien brindó asesoría a la Fundación Leitat. Mega Investiga tuvo acceso a registros que documentan los pagos que recibió el exparlamentario por sus servicios en el marco del proyecto, con remuneraciones que alcanzaban los $3 millones de pesos mensuales.
El convenio entre el Gobierno Regional del Biobío y la Fundación Leitat fue oficializado el 29 de diciembre de 2022, tras recibir el apoyo del Consejo Regional. Este acuerdo tenía como objetivo la ejecución del programa denominado “Desarrollo e Innovación Espacial del Biobío“, que buscaba “estimular la innovación, la economía, la sociedad y el talento local”, así como “impulsar la creación de nuevos productos y servicios para la consolidación de nuevos negocios basados en tecnología satelital”. El costo del contrato fue de $719 millones, que se pagaron en una sola cuota el 11 de enero de 2023, y se estableció una garantía del 10% del monto total, con un plazo de dos años para la realización del programa.
Sin embargo, la Contraloría constató que, al 30 de junio de 2024, solo se había rendido un 45,8% de los recursos asignados, lo que es considerado irregular, ya que a esa fecha se esperaba un avance del 75%. En el informe del ente fiscalizador se señala: “Dado que el Gore tiene como procedimiento la entrega total de los recursos del programa, sin exigir la rendición de cuentas, y considerando además que la garantía de fiel cumplimiento del convenio solamente alcanzó a un 10% del monto total del programa, implica un eventual riesgo en la pérdida de los recursos públicos no rendidos”.
Otra de las observaciones realizadas por la Contraloría fue la detección de retrasos de hasta 57 días hábiles en la aprobación y contabilización de las rendiciones mensuales de gastos. Al 30 de junio de este año, había pendientes de revisión por parte del Gore del Biobío $254.092.042, correspondientes a las rendiciones de julio de 2023 y mayo de 2024, con atrasos de hasta 171 días hábiles administrativos.
Debido a la gravedad de estos hallazgos, la Contraloría inició un sumario para determinar eventuales responsabilidades. Además, el informe fue remitido a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado. En este contexto, la Contraloría elaboró una tabla que documenta los problemas de rendición que ha tenido la Fundación Leitat con el Gore del Biobío. Según este compilado, entre enero de 2023 y junio de 2024, la corporación rindió $329.938.063, de los cuales solo $92.623.046 fueron aceptados por el Gore del Biobío, mientras que $237.315.017 fueron rechazados. Si se suma esta cifra a los $389.761.937 que la fundación aún no había rendido para esa fecha, se obtiene un total de $627.076.954, monto que el Gobierno Regional busca restituir.
En julio de este año, el Gore del Biobío decidió dar por terminado anticipadamente el programa, y el 9 de octubre pasado, el organismo regional aprobó la liquidación técnica y financiera del proyecto firmado con la Fundación Leitat, para que se restituyeran los $627 millones. Sin embargo, la Contraloría constató que esta acción aún no se ha concretado, ya que la corporación presentó un recurso de reposición, solicitando que se acepten las subsanaciones correspondientes a los gastos.
Mega Investiga tuvo acceso a las rendiciones presentadas por la Fundación Leitat, que forman parte de la denuncia ante la Contraloría y corresponden a los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023. En estos documentos, se observa que la mayoría de los gastos están relacionados con el pago de remuneraciones. En el listado de funcionarios se encuentra, entre otros, Ricardo Rincón, quien recibió pagos de $3.036.579 cada uno en los meses de septiembre, octubre y noviembre, bajo el concepto de informes de asesoría.
La participación de Rincón en este proyecto ha generado cuestionamientos en el Consejo Regional. En mayo de este año, Radio Biobío publicó un reportaje que sugirió que podría haber sido el propio Rincón quien facilitó las intenciones de la Fundación Leitat al Gore del Biobío, además de abordar presuntos “vínculos políticos” entre el exparlamentario y el gobernador del Biobío. Esta publicación llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación de oficio. Uno de los antecedentes revelados indica que, cuando Rodrigo Díaz consideraba postularse a la reelección en el Biobío, el partido Demócratas, liderado por Ximena Rincón y en el que milita Ricardo Rincón, apoyaría su candidatura. Sin embargo, el gobernador decidió no postularse debido a las implicancias del Caso Convenios durante su administración.
Consultado sobre el tema, Rincón negó tener conocimiento de alguna investigación del Ministerio Público relacionada con este convenio y afirmó que su labor se limitó a “asesorar profesionalmente a Leitat Chile en la iniciativa”, además de realizar once informes técnicos de “más de 400 páginas”. Aclaró que su trabajo se centró en el “diseño conceptual del proyecto, no en su especificidad técnica, y en la ejecución remunerada, muy parcialmente, de uno de los cinco componentes del proyecto, que consistía en el desarrollo de la estrategia regional, institucionalidad, gobernanza y sostenibilidad”.
El abogado también informó que, debido al convenio con el Gore del Biobío, hubo un incumplimiento contractual por parte de Leitat, lo que lo llevó a dejar de prestar servicios a la fundación. “He entregado mi representación a un colega abogado para la interposición de las acciones judiciales pertinentes, razón por la que no me extenderé en sus detalles económicos por obvias razones”, concluyó.
Las rendiciones a las que tuvo acceso Mega Investiga también revelan diversos gastos realizados por la Fundación Leitat en el marco de la ejecución del programa. Aunque la mayoría de los gastos corresponden a remuneraciones, también se registran pagos por dominio web y asesorías de diseño. Desde enero hasta mayo de 2023, los gastos fueron casi exclusivamente pagos de remuneraciones de funcionarios de la fundación, con un único pago por asesoría de diseño y desarrollo de logotipo. Además, se evidencian gastos en pasajes de avión desde Santiago a Concepción, consumo de alimentos en cafeterías y restaurantes, y servicios de transporte, como el arriendo de autos.
Jorge Condeza explicó que la razón de su denuncia fue el escaso avance en la ejecución del proyecto, junto con la constatación de “gastos generales por mucho tiempo y visitas a Concepción seis meses después de recibir los dineros”. Agregó que el informe de la Contraloría “demuestra un gran desorden que existía en el Gobierno Regional“. Destacó que lo más relevante es la diferencia entre el saldo por ejecutar en las rendiciones y el saldo en la cuenta corriente, lo que podría implicar un eventual mal uso de los fondos.
