La diputada Camila Musante y el abogado Camilo Mirosevic discutieron un proyecto de ley que busca restringir el acceso a redes sociales para personas bajo arresto domiciliario, en el contexto de la controversia generada por la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien ha estado generando ingresos a través de una plataforma de creación de contenidos para adultos.
¿Qué pasó?
En la mañana del sábado 19 de octubre, durante el programa Meganoticias Alerta, la diputada Musante expresó su preocupación por la situación de personas como Cathy Barriga, quien está imputada por falsificación de instrumento público y fraude al fisco. La diputada mencionó que existe una “sensación de mucha rabia ciudadana de sentir que hay personas que se están burlando de la justicia”. Esta percepción se ha intensificado debido a que Barriga ha logrado obtener ingresos significativos a través de su actividad en plataformas digitales mientras se encuentra bajo arresto domiciliario.
Limitar plataformas digitales para personas con arresto domiciliario
Musante, quien es una de las firmantes del proyecto de ley, argumentó que es necesario “perseguir y limitar” el acceso a redes sociales para aquellos que están en arresto domiciliario, especialmente en casos relacionados con delitos de corrupción. La diputada afirmó: “no pueden sacar partido y provecho de estar en una situación de arresto domiciliario”. Esta iniciativa busca abordar la percepción de impunidad que sienten muchos ciudadanos al ver a personas en situaciones legales comprometidas beneficiarse económicamente de su estado.
Reacciones y opiniones
El abogado Camilo Mirosevic también se pronunció sobre el tema, señalando que la situación de Barriga genera una “tomadura de pelo” para la ciudadanía. Mirosevic comentó que la percepción pública es que el sistema procesal penal no está respondiendo adecuadamente a estos casos, lo que podría llevar a una pérdida de confianza en el mismo. Sin embargo, el abogado también expresó su desacuerdo con la prohibición de acceso a redes sociales, argumentando que esta medida no se alinea con los objetivos del proceso penal. Mirosevic indicó: “no creo que sea la vía hacer una prohibición de este tipo, porque encuentro que no conecta con los fines del proceso penal”.
La discusión sobre este proyecto de ley refleja un creciente descontento social respecto a cómo se manejan los casos de corrupción y la percepción de que algunos imputados pueden beneficiarse de su situación legal, lo que ha llevado a un llamado a la acción legislativa para abordar estas preocupaciones.
