Este martes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció su decisión de presentar una querella contra la diputada Catalina Pérez por el delito de fraude al fisco, en calidad de cómplice, en el contexto de la investigación relacionada con la Fundación Democracia Viva en el denominado ‘Caso Convenios’. Además, el CDE también procederá con una querella contra el suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien está siendo investigado en el marco del ‘Caso Audios’.
Detalles de la decisión del CDE
El pleno del Consejo de Defensa del Estado, en una sesión llevada a cabo este martes, tomó la decisión de presentar querellas criminales en relación con las investigaciones penales que involucran a la Fundación Democracia Viva y la causa que investiga al fiscal regional Carlos Palma. En un comunicado, el CDE indicó: “El pleno del Consejo de Defensa del Estado, en sesión realizada este martes, adoptó la decisión de presentar querellas criminales en el marco de las investigaciones penales relativas a la Fundación Democracia Viva y respecto de la causa en que se investiga al Fiscal regional Palma”.
Fundamentos de las querellas
El CDE explicó que ambas decisiones se basan en los antecedentes que han sido revisados hasta la fecha en las carpetas investigativas correspondientes. En este sentido, el organismo agregó: “Ambas decisiones adoptadas, se fundan en los antecedentes que, a la fecha, se han tenido a la vista de las carpetas investigativas en cada caso a partir de los cuales es posible valorar con el debido fundamento el accionar del CDE”.
Especificaciones sobre las querellas
En relación con el caso de Democracia Viva, el CDE amplió su querella criminal contra la diputada Catalina Pérez Salinas, acusándola de ser cómplice en el delito de fraude al fisco. El Consejo también participará en la audiencia de desafuero programada para el próximo mes de febrero.
Por otro lado, respecto al caso del fiscal regional Carlos Palma, la acción penal se dirige contra él por su supuesta responsabilidad en la divulgación de información relacionada con antecedentes protegidos por el secreto establecido en el artículo 38 de la Ley 20.000, que regula el tráfico ilícito de estupefacientes. El CDE expuso: “En cuando al caso en que se investiga al Fiscal Regional Carlos Palma, la acción penal se dirige contra este por su responsabilidad en la divulgación de información relativa a la divulgación de antecedentes protegidos por el secreto que establece el artículo 38 de la Ley 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes”.
La presentación de estas querellas marca un desarrollo significativo en las investigaciones en curso y refleja el compromiso del CDE en la lucha contra la corrupción y el uso indebido de recursos públicos.
