El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha decidido presentar una querella criminal en el contexto del Caso Democracia Viva, en contra de la diputada Catalina Pérez. Esta acción se fundamenta en la supuesta participación de la diputada como cómplice en un delito de fraude al Fisco. El CDE ha indicado que esta decisión también implica su participación en la audiencia de desafuero programada para el próximo mes de febrero.
Detalles sobre la querella
En una declaración pública, el CDE precisó que “en el caso Democracia Viva, el órgano colegiado decidió ampliar su querella criminal contra la diputada Catalina Pérez Salinas por su participación en calidad de cómplice del delito de fraude al Fisco”. Esta ampliación de la querella se produce en un contexto de creciente atención mediática y política sobre el caso, que ha generado diversas reacciones en el ámbito nacional.
Contexto del Caso Democracia Viva
El Caso Democracia Viva ha sido uno de los temas más relevantes en la política chilena en los últimos meses, con implicaciones que han alcanzado a varios actores políticos. La diputada Catalina Pérez ha estado en el centro de la controversia, enfrentando críticas y cuestionamientos sobre su conducta y decisiones en relación con el caso.
Acciones judiciales adicionales
Además de la querella contra Catalina Pérez, el CDE ha anunciado que llevará a cabo una acción judicial similar en relación con el Caso Audios, que involucra al fiscal regional Carlos Palma. En este caso, el CDE ha argumentado que la acción penal se dirige contra Palma por su responsabilidad en la divulgación de información que está protegida por el secreto establecido en el artículo 38 de la Ley 20.000, que regula el tráfico ilícito de estupefacientes.
Fundamentación de las decisiones del CDE
El CDE ha señalado que estas decisiones se tomaron tras un análisis exhaustivo de las carpetas investigativas, lo que ha permitido valorar adecuadamente el accionar del Consejo en ambos casos. La información recabada ha sido fundamental para sustentar las acciones legales que se están emprendiendo, tanto en el caso de la diputada Catalina Pérez como en el caso del fiscal Carlos Palma.
