El caso conocido como Audios y su reciente derivación, denominada “muñeca bielorrusa”, han reavivado el debate sobre la integridad del Poder Judicial en Chile, al involucrar gestiones informales, posibles pagos irregulares y decisiones judiciales en causas de gran impacto económico, donde se ven implicados abogados, intermediarios y una ministra de la Corte Suprema.
La investigación penal en curso es la que determinará cualquier responsabilidad, siempre respetando el debido proceso. Sin embargo, esta nueva arista del caso sugiere que, de confirmarse las acusaciones, la imparcialidad de los jueces podría haber sido comprometida, alterando decisiones a cambio de beneficios económicos.
El diagnóstico actual indica que el Poder Judicial, que debería actuar como un contrapeso al poder político y como un baluarte contra la corrupción, se convierte en un facilitador de la misma en situaciones como esta, lo que podría causar un daño institucional significativo. La mera percepción de corrupción puede generar una crisis de legitimidad que erosiona las bases del Estado de Derecho, especialmente en un contexto donde el crimen organizado está en aumento en el país.
El análisis distingue entre la pequeña corrupción, que se relaciona con prácticas cotidianas de menor cuantía, y la gran corrupción, que involucra a altas autoridades mediante esquemas complejos de beneficios económicos o políticos. Aunque ambas afectan la confianza pública, es la gran corrupción la que tiene un impacto más profundo en la legitimidad del Poder Judicial.
A pesar de que se están implementando respuestas institucionales, como un nuevo Código de Ética Judicial y un proyecto de reforma constitucional al gobierno judicial que se discute en el Senado, se señala la necesidad de adoptar medidas adicionales para fortalecer la probidad y proteger la independencia judicial.
El marco normativo actual se basa en el Código Orgánico de Tribunales, el Código Penal y los tratados internacionales ratificados por Chile en materia de corrupción. El artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales establece la responsabilidad penal de los jueces en casos de cohecho o prevaricación, mientras que el Código Penal tipifica el soborno y sanciona tanto al funcionario que recibe beneficios indebidos como al particular que los ofrece. Además, las convenciones internacionales imponen a Chile la obligación de prevenir y sancionar estos delitos, y existe un régimen disciplinario interno que permite sancionar faltas a la probidad independientemente de un proceso penal.
Sin embargo, las revelaciones del caso Audios han puesto de manifiesto falencias que requieren mejoras estructurales. Entre las medidas anticorrupción propuestas se encuentran cinco líneas de acción.
La primera es la implementación de un nuevo Código de Ética Judicial que establezca principios y obligaciones concretas para prevenir influencias indebidas, como rechazar presiones, transparentar relaciones relevantes, evitar reuniones privadas con abogados y no aceptar obsequios que comprometan la imparcialidad.
La segunda medida se centra en avanzar en la reforma constitucional que reestructuraría el gobierno judicial, separando las funciones administrativas, disciplinarias y de nombramientos de las facultades jurisdiccionales de la Corte Suprema. Esto podría reducir la concentración de poder, profesionalizar la gestión y establecer procedimientos más reglados que disminuyan los espacios informales donde pueden surgir influencias indebidas.
La tercera medida propone fortalecer el régimen disciplinario, que actualmente está regulado de manera insuficiente. Se sugiere elevar esta regulación a rango legal y considerar la creación de tribunales disciplinarios más imparciales, dado que el sistema actual presenta un diseño que compromete la imparcialidad.
La cuarta medida busca reducir la carga de trabajo de la Corte Suprema, que ha visto un aumento significativo en el número de causas, pasando de 14,585 en 2018 a 28,633 en 2023. Esta sobrecarga afecta la calidad de las decisiones y dificulta la detección de prácticas irregulares.
Finalmente, la quinta medida propone adoptar la norma ISO 37001 como estándar técnico para fortalecer la prevención del soborno judicial, estableciendo responsabilidades claras y mecanismos de denuncia protegida.
El informe concluye que el caso Audios revela una vulnerabilidad estructural frente a riesgos de soborno y captura indebida, evidenciando los límites de un modelo que depende excesivamente de controles formales. Por lo tanto, se requiere una respuesta institucional sostenida y orientada a cerrar espacios de riesgo mediante reglas precisas y mecanismos verificables de prevención, con el fin de salvaguardar la legitimidad del Poder Judicial.
