Tras el retorno de las protestas los viernes en el centro de Santiago, Carabineros dio a conocer el nuevo decálogo por el que deben regirse sus funcionarios.
Lo novedoso del instructivo es que fue pensado con un enfoque en el reconocimiento y respeto a los Derechos Humanos durante la prevención de un delito.
En el texto se expresa que los efectivos de Carabineros de Chile asumen el compromiso “con los Derechos Humanos mediante diversos procesos educacionales en el desarrollo de su carrera profesional”.
También se asegura que “un carabinero más profesional y mejor preparado requiere de una sólida formación inicial en el ámbito de los Derechos Humanos aplicados a la función policial”.
El texto reconoce a los organismos nacionales e internacionales que velan por el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Además, habla de la incorporación a la función policial de estándares internacionales en esta materia. Y de una política de desarrollo y modernización permanente al respecto.
El general director de la institución, Ricardo Yáñez, aseguró que la actualización en los protocolos formativos no sólo incluye a los funcionarios actuales. También será la base en la formación de las futuras generaciones policiales.
Críticas al nuevo decálogo de Carabineros
Desde la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Trauma Ocular, la vocera Marta Valdés calificó el decálogo de Carabineros como algo “fundamental”. “Es básico en una institución donde su compromiso era la seguridad de todas y todos los chilenos, y que esto no se ha llevado a cabo“, dijo.
El diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, dijo que el decálogo no es suficiente. A su juicio, tampoco es correcto que los mismos uniformados realicen las capacitaciones o cursos al respecto. Según Crispi, esa labor debería estar a cargo de un órgano externo.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Emilia Nuyado, dijo que, pese a que es un decálogo muy tardío, se valora la iniciativa de la institución. Sin embargo, la legisladora fue clara en remarcar que con esto no se soluciona el problema de fondo.
El documento de la policía uniformada se presenta luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos acreditó a siete personas como víctimas de violaciones a los derechos fundamentales post Estallido Social de 2019.