Un nuevo proyecto de ley que busca sancionar penalmente a los conductores que no se detengan ante un control policial fue aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. La iniciativa, impulsada por el diputado Andrés Longton y respaldada por varios parlamentarios, modifica la Ley N° 18.290 de Tránsito para tipificar como delito la fuga de un conductor que ha sido intimado a detenerse por la autoridad.
Los legisladores han señalado que es fundamental que todos los conductores respeten las normativas de tránsito, las cuales son supervisadas por Carabineros. Sin embargo, han observado un aumento en los casos de evasión de controles policiales, lo que representa un grave riesgo tanto para los funcionarios de seguridad como para la ciudadanía. La Asociación Nacional de Fiscales ha indicado que la fuga de conductores durante fiscalizaciones ha llevado a situaciones peligrosas, incluyendo atropellos y colisiones que han resultado en lesiones graves e incluso muertes.
Actualmente, la conducta de huir de un control no está tipificada como delito, lo que ha permitido que en ocasiones se alegue que se trata de un cuasidelito, resultando en penas más leves. Los proponentes del proyecto argumentan que muchos de los conductores que evaden controles tienen antecedentes penales o buscan eludir órdenes de detención, lo que agrava la situación y el riesgo para la comunidad.
El proyecto de ley propone la incorporación del artículo 195 ter a la Ley N° 18.290, estableciendo sanciones penales para aquellos conductores que, tras ser intimados por Carabineros o inspectores, no detengan su marcha o se den a la fuga. Las penas varían según las consecuencias de la fuga: desde presidio menor en su grado mínimo para casos sin daños, hasta presidio mayor en su grado mínimo si la fuga resulta en la muerte de una persona.
Además, se contempla un régimen sancionatorio más severo en caso de que la fuga cause lesiones graves, con multas que oscilan entre 6 y 20 UTM, y la posibilidad de inhabilitación perpetua para conducir. La iniciativa ha sido respaldada por diversas instituciones, incluyendo el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, quienes han resaltado la necesidad de proteger la seguridad vial y armonizar las penas con otras infracciones.
El proyecto ha sido despachado al Senado, donde se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, donde se espera que continúe su discusión y eventual aprobación.