El Gobierno de Chile ha expresado su preocupación por la reciente aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de una modificación a la Ley del Tránsito que busca eliminar las multas por circular sin TAG en autopistas concesionadas. La propuesta, que obtuvo 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones, deberá regresar a la comisión técnica para su revisión debido a las indicaciones presentadas.
La modificación al artículo 114 de la Ley 18.290, que actualmente clasifica como infracción grave el uso de autopistas sin el dispositivo electrónico habilitado, propone eliminar la sanción económica que puede alcanzar hasta una UTM, equivalente a aproximadamente $70.000. Además, se suprimiría la regla que permite cobrar una multa por cada día calendario, lo que ha generado un debate intenso entre los legisladores.
Los defensores de la iniciativa argumentan que el sistema actual impone deudas excesivas a los automovilistas, ya que las multas por circular sin TAG son significativamente más altas que el costo de los peajes. Aseguran que las concesionarias aún podrán mantener mecanismos de cobro administrativo por tarifas impagas sin necesidad de sanciones adicionales.
Sin embargo, los opositores a la propuesta han calificado la medida como populista, advirtiendo que la eliminación de las multas podría llevar a un aumento en la evasión del pago y afectar negativamente el modelo de concesiones, que es fundamental para el financiamiento de la infraestructura vial en el país.
El Gobierno ha señalado que la eliminación de las multas podría hacer “inviable” el funcionamiento del sistema Free Flow, un componente clave del modelo de concesiones. Según el Ejecutivo, esta medida obligaría a reinstalar barreras o casetas para asegurar el cobro, lo que incrementaría la incobrabilidad y podría forzar al Estado a cubrir déficits mediante subsidios o renegociaciones de contratos.
Además, se verían afectados los ingresos municipales que dependen de estas multas, lo que podría aumentar el riesgo para los inversionistas y encarecer futuros proyectos de infraestructura. Las autoridades han indicado que la propuesta beneficiaría a una “minoría infractora”, mientras que el costo recaería sobre los contribuyentes que no utilizan las autopistas, rompiendo el principio de “el que usa, paga”.
El debate en torno a esta modificación ha puesto de manifiesto que la cuestión no se limita al cobro del TAG, sino que también involucra la viabilidad del modelo de concesiones que financia y opera gran parte de la infraestructura vial del país.
