El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, ha sido imputado por el Ministerio Público por delitos reiterados de cohecho en el marco del Caso Puerto Coronel, y se le ha impuesto la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Esta decisión fue tomada por el Juzgado de Garantía de Coronel tras varias jornadas de formalización de cargos que involucran a un total de siete personas, quienes enfrentan acusaciones por delitos de soborno, cohecho, administración desleal y delitos tributarios.
El alcalde, quien fue recientemente electo, está acusado de haber recibido un total de 82 millones de pesos a través de 21 pagos. La Fiscalía ha señalado que estos actos constituyen delitos reiterados de cohecho. Según la investigación, el responsable de entregar las sumas de dinero fue Víctor Olivares, propietario de una empresa que actuaba como contratista para Puerto Coronel. Además, se alega que Olivares emitió facturas falsas, lo que sugiere una coordinación entre él y Daniel Chamorro, exgerente de administración y finanzas de la compañía.
Detalles de la investigación
La fiscal adjunta de Coronel, Glenda Lagos, está a cargo de investigar tres aristas relacionadas con la denuncia presentada el 21 de noviembre de 2023 por Patricio Román, actual gerente general de Puerto Coronel.
La primera línea de investigación se centra en los sobornos que la empresa habría entregado al alcalde Boris Chamorro, al entonces concejal Eduardo Araya, y a cuatro dirigentes sindicales que aún no han sido formalizados.
La segunda arista busca determinar la implicación de pequeñas y medianas empresas (pymes) proveedoras del puerto, las cuales habrían facilitado facturas ideológicamente falsas. Estas facturas habrían justificado en la contabilidad de la empresa la salida de fondos destinados a coimas, así como recursos que habrían beneficiado a exejecutivos.
La tercera línea de investigación involucra a ex altos cargos gerenciales y directivos de Puerto Coronel, quienes supuestamente ordenaron, ejecutaron y conocieron el modus operandi para el pago irregular de dinero.
Medidas cautelares para los acusados
En relación a los otros acusados en este caso, Eduardo Araya, exconcejal de Coronel, no recibió medidas cautelares, al igual que Javier Andwanter, exgerente de Puerto Coronel, y Hernán Romero, contratista-proveedor del puerto.
Por otro lado, se ha decretado arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Víctor Olivares, así como para el alcalde Boris Chamorro.
Para Eduardo Hartwig, fundador y expresidente de Puerto Coronel, se han impuesto medidas de arresto domiciliario total y arraigo nacional. En el caso de Daniel Chamorro, exgerente de administración y finanzas de Puerto Coronel, se le han decretado medidas de arresto domiciliario parcial y arraigo nacional.
El Tribunal de Garantía de Coronel ha establecido un plazo de investigación de tres meses para este caso.