El gobierno peruano ha intensificado la vigilancia policial en las cercanías de la Embajada de México en Lima, ante el riesgo de fuga de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien fue condenada por su participación en el fallido golpe de estado del expresidente Pedro Castillo en 2022. Chávez, que solicitó asilo en la embajada mexicana en noviembre del año pasado, ha llevado a que Perú rompiera relaciones diplomáticas con México.
El jefe de la Policía Nacional de Perú, en declaraciones al Canal N, informó que se han desplegado aproximadamente 36 agentes en diferentes puntos de Lima para “cerrar cualquier posibilidad” de fuga de Chávez, destacando que en la residencia diplomática hay un contingente de 25 policías. En relación a la posibilidad de que Chávez intente escapar durante las festividades de fin de año, el jefe policial, Arriola, comentó: “hay informaciones, verificamos y hacemos nuestro trabajo normal y rutinario”.
Arriola también explicó que una persona asilada podría intentar eludir la seguridad y salir en un vehículo con inmunidad diplomática, lo que complicaría la intervención de la policía. “Los vehículos diplomáticos tienen inmunidad, por lo que la Policía estaría impedida de detenerlo o intervenirlo, salvo en una urgencia extrema relacionada con la vida y salud de los ocupantes”, añadió.
La situación ha llevado al canciller de Perú, Hugo de Zela, a proponer a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se refuercen los procedimientos de asilo diplomático, con el fin de evitar que se convierta en un “instrumento para eludir la justicia”. Durante su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA a principios de este mes, De Zela subrayó que su propuesta no se refiere específicamente al caso de Chávez, pero sí refleja una “evolución negativa” en el uso del derecho de asilo, tal como se establece en la Convención de Caracas de 1954.
El canciller también reconoció los desafíos que enfrenta Perú, que aún no se ha recuperado de la crisis política tras la destitución de Castillo, pero reafirmó que “prevalecen las garantías del debido proceso” y el “principio de no impunidad”. Además, mencionó que Perú está considerando elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano e invitó a los Estados miembros de la OEA a debatir y fortalecer el multilateralismo y los tratados sobre asilo.