Un grupo de diputados chilenos ha presentado una moción para modificar la Ley N° 21.600, que establece el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, condicionando la recalificación de sitios prioritarios a la aprobación de un reglamento específico.
La iniciativa, impulsada por el diputado Benjamín Moreno y respaldada por sus colegas Felipe Camaño, Harry Jürgensen, Paula Labra y Gloria Naveillan, busca abordar las preocupaciones surgidas tras la promulgación de la Ley SBAP en 2023. Esta ley creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que depende del Ministerio del Medio Ambiente y tiene como objetivo gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como implementar políticas de conservación de la biodiversidad en Chile.
Los parlamentarios argumentan que la Ley N° 21.600 busca unificar la gestión de parques nacionales, reservas naturales y otras áreas protegidas, que anteriormente estaban bajo la administración de diferentes servicios públicos. Además, la ley otorga al Estado nuevas herramientas para identificar y gestionar sitios prioritarios para la conservación, lo que podría influir en el uso del suelo y las actividades económicas en esos territorios.
Sin embargo, la plena implementación del SBAP depende de la creación de varios reglamentos que aún no han sido aprobados. Estos reglamentos son cruciales para definir los criterios técnicos y jurídicos necesarios para la aplicación de la ley. A pesar de esta falta de reglamentación, el Ministerio del Medio Ambiente ha comenzado un proceso de consulta pública sobre un listado de sitios prioritarios que se regirían por la nueva normativa, en cumplimiento del artículo octavo transitorio de la Ley SBAP.
Se estima que la propuesta de consulta abarcaría más de tres millones de hectáreas en todo el país. No obstante, este proceso se lleva a cabo sin los reglamentos que establecen los criterios necesarios, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y ha creado un ambiente de incertidumbre jurídica.
Históricamente, en 2003, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) identificó 68 sitios prioritarios de primera prioridad y 266 de segunda prioridad. La Ley SBAP introduce nuevos criterios para la identificación de estos sitios, pero también mantiene los criterios de las estrategias nacionales y regionales, lo que implica que áreas previamente categorizadas podrían ser reclasificadas con efectos jurídicos significativos.
Las críticas se centran en la falta de claridad en el procedimiento y en la metodología utilizada para la identificación de los sitios prioritarios. Se señala que el nuevo listado ha excluido cerca del 70% de los sitios previamente identificados, reduciendo su número de más de 300 a solo 99 con reconocimiento oficial. Esto ha generado preocupaciones sobre el impacto que la delimitación de estos sitios podría tener en sectores productivos como la minería, especialmente en el norte del país.
Los diputados advierten que la ausencia de un reglamento claro podría afectar la seguridad jurídica de las inversiones, particularmente en la pequeña y mediana minería. También se cuestiona la falta de consideración del Ministerio del Medio Ambiente hacia las estrategias de desarrollo regional en áreas donde la minería es fundamental.
El proyecto de ley presentado busca suspender temporalmente los efectos jurídicos de los procesos de consulta pública y de actualización del listado de sitios prioritarios hasta que se dicte el reglamento requerido por la Ley N° 21.600. La iniciativa tiene como objetivo garantizar la legalidad administrativa, la transparencia en los procedimientos y la seguridad jurídica de las actividades económicas que podrían verse afectadas.
Este proyecto de ley ha completado su primer trámite constitucional y ha sido enviado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados para su análisis.