El Parlamento de Australia ha aprobado reformas significativas para fortalecer el control sobre la tenencia de armas y ampliar las sanciones por delitos de odio, en respuesta a un ataque terrorista en Bondi Beach el 14 de diciembre.
La nueva legislación, que busca mejorar la seguridad pública, incluye la creación de un Programa Nacional de Recompra de Armas y establece requisitos más estrictos para la obtención de licencias de armas. Entre las medidas más destacadas se encuentra la restricción de la posesión de armas a ciudadanos australianos y la implementación de regulaciones más severas para la importación de armamento. Estas reformas se consideran necesarias para cerrar los vacíos legales que permitieron a los perpetradores del ataque en Sídney acceder a armas a pesar de sus antecedentes.
Además, la reforma introduce un nuevo delito en el código penal: la promoción de la violencia religiosa, que se considera un agravante. Esta medida se complementa con nuevas facultades en el ámbito de la inmigración, que permitirán un control más estricto sobre individuos asociados con discursos de odio o movimientos antisemitas.
Las autoridades australianas han justificado estas reformas como una extensión del Acuerdo Nacional sobre Armas de Fuego de 1996, que ha sido fundamental en la contención de la violencia armada en el país durante las últimas décadas.
El debate en torno a la legislación ha generado opiniones divididas. Mientras que el gobierno defiende la urgencia de estas medidas para prevenir futuros ataques masivos, algunos sectores de la oposición han expresado preocupaciones sobre el impacto que estas reformas podrían tener en los derechos fundamentales. La discusión se centra en la tensión entre la seguridad nacional y las libertades de expresión y culto, protegidas por el artículo 116 de la Constitución australiana y los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.