El senador electo y presidente de Republicanos, Arturo Squella, ha manifestado su oposición al acuerdo de reajuste salarial para el sector público que ha sido alcanzado entre el Gobierno y los funcionarios estatales. Este acuerdo incluye una norma que limita los despidos, lo que ha generado controversia en el ámbito político nacional.
La norma en cuestión establece que la no renovación de contratos o su renovación en condiciones diferentes en subsecretarías y servicios públicos dependientes de ministerios, así como en municipalidades y universidades, deberá realizarse mediante un acto administrativo fundamentado. Además, se permite que los funcionarios con al menos dos años de servicio continuo puedan reclamar por vicios de legalidad en caso de no renovación de su designación, conforme a lo estipulado en la ley N° 18.834 y la ley N° 18.883. La Contraloría General de la República solo podrá abstenerse de resolver estas reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales relacionadas.
Desde el partido Republicanos, se ha acusado al Gobierno de intentar “amarrar” a una serie de funcionarios públicos, quienes en el pasado fueron calificados de “parásitos” por Cristian Valenzuela, asesor principal de José Antonio Kast. En una entrevista con La Segunda, Squella advirtió que si el Gobierno continúa con estas “amarras”, podría “dinamitar” la relación entre ambas partes, especialmente tras una reciente reunión entre Kast y el presidente Gabriel Boric en La Moneda.
“El lunes tuvimos una muy buena reunión que puso el foco en el futuro de Chile, genuinamente vimos a un presidente en ejercicio y a sus ministros preocupados de colaborar al máximo con la nueva administración. Sin embargo, lo que vemos camuflado en el proyecto de reajuste es una señal de alerta muy delicada sobre una posible intención de romper códigos fundamentales”, argumentó Squella.
El senador también expresó su preocupación por el reajuste propuesto, señalando que en un contexto de déficit fiscal significativo, es cuestionable otorgar aumentos salariales a funcionarios que, en promedio, ya perciben el doble que los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en Chile. “Es difícil de explicarle a las miles de familias chilenas que viven con sueldos muy inferiores y a quienes se encuentran desempleados, que el Estado destine plata que no tiene a subir sueldos de quienes ya están por sobre el resto”, concluyó.
Este debate sobre el reajuste salarial se produce en un momento crítico para las finanzas públicas del país, lo que ha llevado a los parlamentarios a calificar la medida del Ejecutivo como “impropia y deshonesta” por vulnerar el mérito y la probidad en la función pública. El ministro correspondiente ha indicado que el periodo para resolver esta situación es durante enero, con el objetivo de que la próxima administración no herede este problema.