La Vicaría de la Solidaridad desmintió afirmaciones de El Mercurio sobre su supuesta colaboración en la huida de Armando Fernández Larios, exagente de la DINA.
La Vicaría de la Solidaridad, institución chilena dedicada a la defensa de los derechos humanos, emitió un comunicado en respuesta a un artículo publicado por El Mercurio el pasado martes. En dicho artículo, se afirmaba que la Vicaría habría facilitado la fuga de Fernández Larios de Chile tras el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en 1976, en Washington. El diario sostenía que Fernández Larios “huyó de Chile protegido por la Vicaría, la Nunciatura, la diplomacia norteamericana y un sector del Ejército adversario del general Manuel Contreras”.
La Vicaría calificó estas afirmaciones como “absolutamente falsas” y enfatizó que no se trata de una mera interpretación, sino de un “error grave que tergiversa los hechos y daña la memoria de una institución cuya labor fue exactamente la contraria”. La Vicaría fue creada para defender a las víctimas de la represión y documentar violaciones a los derechos humanos, así como para presentar acciones judiciales contra organismos represivos como la DINA.
Armando Fernández Larios, quien fue oficial del Ejército y miembro de la DINA, está vinculado al asesinato de Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffitt, un crimen que se considera un acto de terrorismo de Estado. Además, ha sido relacionado con otros delitos de lesa humanidad, incluyendo los homicidios perpetrados por la Caravana de la Muerte, por los cuales fue requerido judicialmente en Chile.
Actualmente, Fernández Larios se encuentra detenido en Estados Unidos, donde figura en una lista del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la categoría de “lo peor de lo peor”, administrada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su arresto se produjo en Fort Myers, Florida, lo que ha reabierto el debate sobre una posible extradición a Chile.
La Vicaría subrayó que no encubrió ni facilitó la huida de Fernández Larios, afirmando que sostener lo contrario es un intento de “invertir la historia”. En su declaración, la institución recordó que su archivo y trabajo jurídico han sido fundamentales para establecer responsabilidades y combatir la impunidad en relación con los crímenes de la dictadura.
Fernández Larios residía en Marco Island, Florida, en una propiedad valorada en cerca de un millón de dólares, adquirida junto a su exesposa. Tras llegar a Estados Unidos, fue procesado por el asesinato de Letelier y Moffitt, y llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia, declarándose culpable como cómplice del homicidio a cambio de permanecer en el país. Aunque fue condenado a siete años de prisión, solo cumplió cinco meses antes de ser liberado, tras ser considerado un “buen colaborador” por el tribunal.