El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha tomado la decisión de nombrar a cinco fiscales regionales con el objetivo de liderar investigaciones en los puertos de Chile, buscando combatir el avance del crimen organizado, especialmente en lo que respecta al tráfico de drogas. Esta medida se enmarca en un esfuerzo por enfrentar de manera más efectiva las actividades delictivas que afectan a estas áreas estratégicas del país.
¿Qué indica la medida y quiénes fueron nombrados?
La reciente designación establece cinco focos de investigación, distribuidos de la siguiente manera: dos en la Macrozona Norte, debido a una alta incidencia de delitos; uno en la Macrozona Centro; uno en la Macrozona Sur; y uno en la Macrozona Austral.
Los fiscales nombrados son:
– Para las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, se designó a Mario Carrera.
– Para Antofagasta, Atacama y Coquimbo, se nombró a Juan Castro.
– Para Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, se eligió a Claudia Perivancich.
– Para las regiones de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, se designó a Carmen Gloria Wittwer.
– Finalmente, para Aysén y Magallanes, se nombró a Cristián Crisosto.
¿Qué dijeron desde el Ministerio Público?
Desde el Ministerio Público emitieron un comunicado en el que se señala que “estos fiscales coordinarán las investigaciones en sus zonas, con el apoyo de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD) y el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), para enfrentar de manera integral las actividades criminales que afectan los puertos”.
En el comunicado se destaca que “este proyecto fue en respuesta a la necesidad de coordinar esfuerzos en la persecución penal del tráfico ilícito que afecta a los puertos del país”. Además, se menciona que la iniciativa cuenta con la colaboración de diversas unidades, incluyendo la de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales (ULDDECO), la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX).
El Ministerio Público concluyó que “en los últimos años, se han detectado redes criminales, tanto nacionales como transnacionales, que utilizan los puertos chilenos como puntos estratégicos para el tráfico de sustancias ilícitas, desviación de precursores, tráfico de armas y otros delitos aduaneros”. La misión de esta iniciativa es desarticular estas organizaciones y proteger la seguridad del comercio marítimo chileno.
