Reacciones en el Congreso tras las revelaciones sobre las reuniones del fiscal nacional con figuras vinculadas a casos de corrupción.
Un importante desafío se presenta para el fiscal nacional, Ángel Valencia, tras la revelación de que sostuvo una reunión con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva por el caso conocido como Audio, y el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Esta reunión tuvo lugar poco después de que Valencia asumiera su cargo, y durante la misma, Hermosilla solicitó al fiscal que intercediera para facilitar un procedimiento abreviado para el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa.
Valencia describió el encuentro como “tenso e incómodo”, aclarando que la cita se llevó a cabo de manera informal y que su propósito principal era discutir asuntos personales con Chadwick, especialmente en relación a comentarios que se habían hecho sobre él durante su postulación a la Fiscalía Nacional.
El diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, recordó que Valencia ha mantenido vínculos estrechos con sectores de derecha, lo que, según él, lo coloca en una “situación incómoda y cuestionable”. Naranjo sugirió que, a raíz de las nuevas revelaciones, lo más prudente sería que el fiscal se inhabilitara, e incluso propuso que debería considerar renunciar, dada la delicada situación de corrupción que enfrenta el país.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, expresó que el fiscal nacional podría estar “poniéndose el parche antes de la herida”. Giordano instó a esperar los contenidos de los chats relacionados con el caso, añadiendo que si las revelaciones continúan afectando a personas que desempeñan roles fundamentales en el estado de derecho, también sería pertinente evaluar la posibilidad de que el fiscal diera un paso al costado.
En el oficialismo, sin embargo, no todos comparten la opinión de que el fiscal deba renunciar. El diputado del Partido Socialista y querellante en el caso Audio, Daniel Manouchehri, argumentó que “la estrategia de Hermosilla y su banda es inhabilitar el rol de la Fiscalía”. Manouchehri defendió el papel de la Fiscalía como representante de la sociedad en la persecución del crimen, y aseguró que estarán atentos para que esta función continúe durante todo el proceso judicial.
El diputado socialista, Leonardo Soto, también se pronunció sobre la situación, afirmando que no es un delito que Valencia haya conversado con Hermosilla, especialmente considerando que ambos son abogados en el mismo ámbito. Soto advirtió que la línea roja sería ofrecer favores a la red de Hermosilla-Chadwick, como arreglar situaciones en la Corte Suprema o proporcionar información sobre causas reservadas. Sin embargo, subrayó que hasta el momento no hay evidencia de que Valencia o la fiscal Parra hayan realizado tales acciones.
Soto concluyó que las filtraciones de audios parecen tener una finalidad clara, que es descalificar a los fiscales que están investigando la corrupción. Afirmó que esta situación podría facilitar la impunidad de la red de Hermosilla-Chadwick, pero destacó que las acciones del fiscal nacional y de la fiscal Parra contradicen las afirmaciones que se intentan hacer en los audios, ya que han actuado como persecutores en un delito grave, lo que les brinda tranquilidad a quienes apoyan la labor de la Fiscalía.
