La Fiscalía Nacional de Chile ha iniciado una investigación formal contra Andes Iron, la empresa detrás del proyecto minero Dominga, por presuntos delitos de soborno, cohecho y tráfico de influencias. Esta acción se produce tras la solicitud de los diputados del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes presentaron antecedentes que llevaron a la apertura del caso.
Según información de Radio Biobío, los datos proporcionados por los legisladores fueron enviados a la Fiscalía Regional de Los Lagos. Manouchehri y Cicardini han acusado a Andes Iron de realizar pagos que superan los 250 millones de pesos a Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes se encuentran en prisión preventiva por su vinculación con la trama bielorrusa del Caso Audios. Estos pagos, según los diputados, se realizaron entre marzo y diciembre de 2023, a pesar de que ninguno de los abogados mencionados representaba a la empresa en su disputa judicial relacionada con el proyecto minero.
Los pagos se llevaron a cabo en un contexto en el que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta había aprobado el proyecto Dominga, decisión que fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema. En respuesta a las acusaciones, Andes Iron ha declarado que los montos mencionados corresponden a la “elaboración de análisis jurídicos y evaluaciones de contexto legal”, y enfatizó que “en ningún caso contempló labores de representación judicial, ni gestiones de lobby, influencias indebidas o actuaciones de cualquier otra naturaleza distinta a las expresamente pactadas”.
Este caso se suma a un contexto más amplio de preocupaciones sobre la transparencia y la ética en la gestión de proyectos mineros en Chile, un país que ha visto un aumento en la atención sobre la regulación de la industria. La situación también se enmarca en un clima político tenso, donde la oposición ha criticado la gestión del gobierno en temas de corrupción y transparencia.
Por otro lado, la detención de Patricio Rivera, ocurrida el 19 de septiembre en la Región del Maule, ha generado críticas sobre la eficacia del sistema penitenciario, con la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) señalando que este incidente socava los esfuerzos para combatir la delincuencia. En el ámbito social, Amnistía Internacional ha alertado sobre retrocesos en el acceso al aborto en Argentina, a cinco años de su legalización, lo que refleja un contexto regional de tensiones en derechos humanos y políticas sociales.