Andes Iron, la empresa detrás del proyecto minero Dominga, ha declarado que no ha contratado al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber en la actualidad, dado el contexto de las acusaciones que enfrentan sus abogados.
La Fiscalía Nacional de Chile ha iniciado una investigación penal contra los propietarios del proyecto por presuntos delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias, entre otros. Esta acción se deriva de una solicitud presentada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes denunciaron un posible vínculo entre la empresa y el estudio jurídico, mencionando pagos que superan los 250 millones de pesos a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes están formalizados en la investigación conocida como la arista Bielorrusa, relacionada con el caso Audio.
En respuesta a la apertura de la investigación, Andes Iron ha manifestado que se siente nuevamente expuesta a una indagatoria penal que, según ellos, se origina en publicaciones de ciertos medios que consideran tendenciosas e inexactas. La empresa sostiene que estas informaciones inducen a interpretaciones erróneas y carecen de fundamento. En su comunicado, Andes Iron afirmó que en investigaciones anteriores han sido sobreseídos y que los hechos denunciados no constituyen delitos, describiéndolos como una maniobra comunicacional y política de quienes se oponen al proyecto Dominga, con el fin de obstaculizar su avance.
La compañía también aclaró que la contratación del estudio jurídico se realizó hace casi tres años y fue por un periodo limitado, en un momento en que no existían las noticias actuales sobre los abogados. Según Andes Iron, el encargo al estudio se centró en la realización de análisis jurídicos y de contexto legal, sin incluir labores de representación o gestiones de lobby judicial.
Finalmente, Andes Iron ha expresado su disposición a colaborar con el Ministerio Público, asegurando que aportarán toda la información necesaria para facilitar el pronto cierre de la investigación.