La Corte Penal Internacional (CPI) ha impuesto una condena de 20 años de prisión a Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, excomandante de las milicias Janjaweed, tras ser hallado culpable de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur, Sudán. El tribunal determinó que el acusado es responsable de 27 cargos relacionados con abusos a la población civil durante los conflictos que tuvieron lugar a inicios de la década de 2000.
Durante la lectura del fallo en La Haya, la magistrada presidenta Joanna Korner destacó que Abd-Al-Rahman participó directamente en múltiples episodios de violencia contra civiles y detenidos. A pesar de que el Estatuto de Roma permite penas más severas, la Sala consideró factores como su entrega voluntaria en 2020, su edad y su comportamiento durante el tiempo de detención al momento de dictar la sentencia.
La Fiscalía había solicitado la pena máxima, argumentando que Abd-Al-Rahman tuvo un papel activo en las operaciones de las milicias en Darfur. El tribunal también decidió que el tiempo que el acusado ha estado en prisión preventiva desde su traslado a la CPI se sumará a la condena total. Ambas partes tienen un plazo de 30 días para apelar la decisión.
Además, la Corte anunció que se establecerá una fase dedicada a la reparación de las víctimas afectadas por los crímenes. Este caso subraya la labor de la CPI en relación con los crímenes en Darfur, mientras que otros sospechosos de alto perfil, como el expresidente Omar al-Bashir, siguen sin ser arrestados.
La sentencia se produce en un contexto complicado para Sudán, donde desde abril de 2023 se libra un conflicto armado entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, estas últimas originadas en las milicias Janjaweed. Observadores han alertado sobre la posible reaparición de patrones de violencia étnica. Según informes de organismos internacionales, millones de personas permanecen desplazadas en lo que se considera una de las crisis humanitarias más graves del mundo.
La Corte también indicó que al determinar la pena, se tomaron en cuenta la gravedad de los delitos, las circunstancias personales del condenado, el grado de participación, la intención y el daño causado a las víctimas, así como factores atenuantes. La pena máxima estipulada en el Estatuto de Roma es de 30 años de prisión o cadena perpetua, dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias individuales del condenado.