El directorio de Clínica Las Condes (CLC) ha informado sobre irregularidades detectadas en una auditoría relacionada con la gestión de la anterior administración, liderada por Alejandro Gil, antes de la venta del centro de salud, que se concretó en la primera mitad de este año. En un hecho esencial comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se detalló que la auditoría reveló diversas inconsistencias contables que obligarán a la clínica a realizar ajustes en sus estados financieros correspondientes a 2023 y 2024.
La auditoría identificó “registros manuales injustificados y otras prácticas contables incorrectas”, que impactaron negativamente en los estados financieros consolidados, con un efecto estimado de $34.633.941.559. Además, se encontraron otras inconsistencias contables que, según los primeros análisis, podrían sumar cerca de $38.158 millones, lo que ha llevado a la clínica a encargar una auditoría forense independiente para profundizar en estos hallazgos. La cifra total de ajustes necesarios podría alcanzar aproximadamente $72.791.941.559 en menor patrimonio, según lo reconocido por CLC.
Ante esta situación, el directorio de CLC ha decidido, de manera unánime, tomar acciones judiciales y administrativas contra los responsables de estas irregularidades. En el mismo hecho esencial, se mencionó que para el año 2025 se encargarán tasaciones de propiedades, plantas y equipos a un tercero independiente, lo que podría generar un efecto positivo en el patrimonio de $71.588.955.093. Sin embargo, el efecto neto de los ajustes por las irregularidades y la retasación de activos se estima en $562.010.120 negativos.
En enero de este año, se anunció que Clínica Las Condes pasaría a ser controlada por un pacto entre los propietarios de Clínica Indisa y EuroAmérica, quienes adquirieron el 55,75% de las acciones que pertenecían a Cecilia Karlezi, quien había estado representada en el directorio por Alejandro Gil. Gil, quien ya enfrentaba problemas legales por presuntos delitos de apropiación indebida, también se encuentra bajo la lupa de la CMF, que ha abierto un proceso sancionatorio en su contra por una infracción a la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas.
Los cuestionamientos de la CMF se centran en que Gil presentó una querella criminal contra el exCEO de la clínica, Freddy Jacial, antes de que se firmara el acta de la sesión del directorio que lo autorizaba, lo que, según el regulador, representa una falta a su deber de diligencia. La defensa de Gil sostiene que contaba con los poderes necesarios para actuar en representación de la clínica y que el acta fue firmada posteriormente, ratificando la decisión unánime del directorio.