La Región de Tarapacá se encuentra en el centro de la atención nacional tras la detención del alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, quien enfrenta acusaciones de agresión sexual en el interior del edificio municipal. La denuncia, que ha generado un fuerte impacto político y social, llevó a la Fiscalía a abrir una investigación de inmediato.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de las acusaciones, el alcalde fue puesto en libertad, lo que ha suscitado una ola de cuestionamientos y malestar entre la ciudadanía. Según el Ministerio Público, no había suficientes antecedentes para formalizar cargos en ese momento, aunque la investigación sigue activa y Ferreira enfrenta una medida cautelar que le prohíbe acercarse o comunicarse con la denunciante.
El caso se hizo público cuando una mujer llamó a Carabineros desde uno de los baños del municipio, indicando que se había refugiado allí tras ser atacada sexualmente por el alcalde. Al llegar, los efectivos policiales encontraron a la mujer en estado de shock y desvaneciéndose en la entrada del edificio, lo que llevó a la detención inmediata de Ferreira. La denuncia se centra en hechos ocurridos dentro de las instalaciones municipales, lo que aumenta la gravedad de la situación debido a la naturaleza institucional del lugar y la relación de poder entre el acusado y la víctima.
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, declaró que no estaban en condiciones de formalizar al alcalde en ese momento, lo que implica que, aunque existe una denuncia, el Ministerio Público aún debe llevar a cabo diligencias esenciales, como entrevistas ampliadas, peritajes psicológicos, revisión de cámaras de seguridad, análisis de registros de acceso y declaraciones de testigos y funcionarios municipales. Steinert enfatizó que la Fiscalía “sigue realizando diligencias para determinar la existencia del hecho y la participación del imputado en su calidad de autor”. Además, se ha asegurado que la víctima recibe acompañamiento a través de una unidad de atención especializada.
A pesar de la falta de formalización, el tribunal ha impuesto una medida cautelar que prohíbe al alcalde acercarse o comunicarse con la víctima, ya sea de manera presencial, telefónica o digital. Esta decisión busca evitar cualquier tipo de contacto durante el proceso de investigación y garantizar un mínimo de protección a la denunciante mientras se llevan a cabo las diligencias.
El impacto político de este caso ha sido inmediato. La Democracia Cristiana, partido al que pertenece Ferreira, ha activado su protocolo interno y ha suspendido su militancia mientras se investigan los hechos. La municipalidad enfrenta un clima de tensión y cuestionamientos sobre su funcionamiento interno, especialmente ante la posibilidad de que existan antecedentes previos no revelados.
Aunque el alcalde se encuentra en libertad, el proceso de investigación continúa. La Fiscalía podría formalizar cargos en cualquier momento si se presenta evidencia suficiente. Los elementos clave que influirán en el futuro del caso incluyen los resultados de los peritajes a la víctima, la revisión de las cámaras internas del municipio, las declaraciones de los funcionarios presentes el día de los hechos y cualquier evidencia material que pueda respaldar o refutar la versión de los acontecimientos.