El psiquiatra Alberto Larraín y otros cuatro imputados fueron formalizados por fraude al fisco en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación del Caso ProCultura.
La audiencia de formalización se llevó a cabo el día de hoy, donde el Ministerio Público presentó cargos contra Larraín, quien fue detenido el pasado viernes, junto a María Constanza Gómez, representante legal de la fundación ProCultura; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la entidad; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM); y Gabriel Prado, quien fue contratado por el GORE para contactar a ProCultura y es pareja de Abusleme.
La investigación se centra en la transferencia de 1.600 millones de pesos desde el GORE Metropolitano a la fundación en 2022, en el contexto del programa “Quédate“, destinado a la prevención del suicidio. Según la Fiscalía, el contrato entre el GORE y ProCultura carecía de justificación técnica y se basó en la cercanía entre Larraín, fundador de la fundación, y el gobernador metropolitano Claudio Orrego. Además, se argumenta que ProCultura no tenía la capacidad necesaria para llevar a cabo un programa de tal envergadura.
El Ministerio Público también ha solicitado el desafuero de Orrego, un requerimiento que aún está pendiente de revisión por la Corte de Apelaciones de Santiago, tras el traslado de la causa desde Antofagasta. La formalización está siendo liderada por el fiscal Cristián Aguilar, jefe de la Fiscalía Regional de Antofagasta.
Durante un receso de la audiencia, el abogado defensor de Larraín, Cristián Arias, declaró que “Alberto Larraín no ha cometido ningún fraude al fisco, eso no tiene sentido”. Por su parte, Alejandro Alegría, abogado de Gómez, indicó que se está coordinando con el Ministerio Público para acceder a antecedentes que, según él, no están en la carpeta de investigación y que podrían ser utilizados para justificar la prisión preventiva.
Desde la parte querellante, el abogado Pablo Toloza, representante de la UDI, afirmó que existen suficientes antecedentes para solicitar prisión preventiva, cumpliendo con los requisitos del artículo 140 del Código Penal. La audiencia se extendió hasta cerca de las 17:00 horas y se espera que continúe este domingo, donde se podrían definir las medidas cautelares.
En cuanto a las medidas de arresto, Larraín fue trasladado al anexo Capitán Yáber, mientras que Abusleme, Magdaleno y Gómez fueron enviados a la cárcel de San Miguel. Prado, por su parte, quedó bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional.