La Organización de Naciones Unidas (ONU), a dos años del estallido social, realizó un informe sobre la situación de Derechos Humanos en Chile. En él afirmó que ha visto avances en la materia, pero aún debe “profundizar sus esfuerzos” para abordar las violaciones a los DD.HH. cometidas durante el estallido social del 18 de octubre del 2019.
“Valoramos los esfuerzos del Estado. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales”. Esas fueron las palabras del representante de ONU DDHH en América del Sur, Jan Jarab.
En el informe, el organismo internacional denunció “uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas” y subraya casos en que funcionarios del cuestionado cuerpo de Carabineros “no prestaron asistencia a personas heridas”.
También constató “hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas” durante las marchas. Manifestaciones que en el segundo aniversario del llamado “estallido social” se han reactivado, después de estar suspendidas durante los meses más duros de la pandemia.
“Aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de las personas defensoras de derechos humanos es imprescindible y debe de ser protegida”, aseguró Jarab.
ONU señala que en Chile hay víctimas desamparadas
Chile vivió el 2019 la crisis social más grande de su historia, que empezó como una protesta por el precio en el pasaje del Metro. La protesta se convirtió en una revuelta transversal por un modelo económico más justo y el acceso a derechos sociales.
Las revueltas dejaron episodios de violencia que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas por delitos cometidos en las marchas. Además la ONU y Amnistía Internacional (AI) señalaron a las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.
Sobre acceso a la justicia, la ONU reconoció en su nuevo informe los esfuerzos del Ministerio Público para fortalecer su capacidad para abordar los casos. Sin embargo, advirtió que “los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones”, pues apenas hay condenas contra agentes por violaciones a los derechos humanos.
También señaló que los programas de apoyo a las víctimas de la violencia policial presentan “limitaciones que no garantizan una reparación integral” y constató “una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público” sobre los abusos de las fuerzas de seguridad.
“Observamos en las víctimas una sensación generalizada de desamparo”, concluyó el funcionario internacional.
Ya en noviembre de 2019 la ONU emitió un informe denunciando “un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos” durante la ola de protestas, constatando casos de tortura y uso excesivo de la fuerza.
