Diputados y diputadas de oposición oficializaron este miércoles una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera tras las revelaciones del reportaje “Pandora Papers“.
El libelo fue presentado bajo los argumentos de faltas a la probidad y afectar el honor de la nación, tras las revelaciones de los “Pandora Papers” que ligan al mandatario a la compraventa de la Minera Dominga, sellada en Islas Vírgenes Británicas.
El libelo acusatorio tiene las firmas de Emilia Nuyado y Raúl Leiva por el PS, Marcela Hernando por el PR, Andrea Parra del PPD. También Daniel Núñez del PC, Gabriel Silber por la DC, Pablo Vidal de Nuevo Trato, Alejandra Sepúlveda por FRVS, Claudia Mix de Comunes. Además de ellos, Catalina Pérez por RD, Marcelo Díaz por Unir, Gael Yeomans de Convergencia Social, Tomás Hirsch por Acción Humanista, Pamela Jiles del Partido Humanista y Félix González del Partido Ecologista Verde.
Acusación Constitucional contra Piñera es “un acto de responsabilidad”
“Todas la fuerzas políticas de oposición se han sumado a esta Acusación Constitucional, y representan la más amplia mayoría”, explicó el diputado socialista Jaime Naranjo.
“La oposición completa, unida y con convicción, presentamos esta acusación constitucional contra el presidente de la República”, informó el diputado de la Democracia Cristiano, Gabriel Silber. En conferencia de prensa, Silver dijo que la acusación respondía a “los gravísimos hechos revelados en la investigación periodística Pandora Papers”.
Durante la presentación del informe, el diputado del Partido Unir, Marcelo Díaz, señaló que tomaron esta decisión “porque este es un acto de responsabilidad. Esperamos tener todos los votos de los parlamentarios de oposición”.
En tanto, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, precisó que “la gravedad de los hechos conocidos es de tal magnitud que ningún órgano del Estado puede quedar en la inercia y no se puede quedar sin actuar”.
“El Ministerio Público hizo lo propio, y nosotros como ente fiscalizador, tenemos la obligación política y moral de llevar adelante la Acusación Constitucional. Para que se persigan no sólo responsabilidades penales, sino también políticas y éticas como conductor de este gobierno”, concluyó Soto.
