El 15 de octubre del año pasado, la Selección Argentina se enfrentó a Bolivia en una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Las entradas para el partido se pusieron a la venta una semana antes y se agotaron rápidamente, ya que muchos aficionados deseaban ver a Lionel Messi en el Estadio Monumental, dado que no había jugado en el partido anterior debido a una lesión.
Una pareja, cuyos nombres no han sido revelados por Infobae, contactó a un revendedor a través de una página web para adquirir dos entradas, las cuales tenían un precio exorbitante de 700 mil pesos. A pesar del alto costo, la pareja consideró que valía la pena, ya que querían ver a Messi en acción. Se acordó un encuentro el día del partido en la dirección Figueroa Alcorta 7700 para llevar a cabo la transacción. Sin embargo, al llegar al lugar acordado, se encontraron con una situación inesperada: la policía de la ciudad, específicamente la división de conductas delictivas, estaba presente y había sido alertada sobre la actividad ilegal de reventa de entradas.
Los agentes confiscaron el dinero que la pareja había traído, un total de 730.000 pesos, como parte de una maniobra encubierta destinada a combatir la reventa, que es un problema habitual en estos eventos. Los efectivos de la policía debían demorar a todos los involucrados y denunciar la situación a la fiscalía de turno para que se iniciara la causa correspondiente. Sin embargo, tras la confiscación del dinero, la pareja se sintió insatisfecha con la respuesta de la policía y decidió acudir a la comisaría vecinal 13 para presentar su queja.
Al no recibir una respuesta adecuada, la pareja se dirigió a la oficina de Transparencia y Control del Ministerio de Seguridad, donde se inició una investigación. La denuncia fue recibida por la justicia porteña, que estaba llevando a cabo un caso relacionado con el robo y abuso de poder. La causa fue asignada a la doctora Karina Zucconi, quien decidió investigar más a fondo. Durante la investigación, se descubrió que existía una red organizada que presuntamente manejaba sitios ilegales para negociar entradas, citando a personas días antes de partidos importantes de la selección argentina y actuando de manera similar en cada ocasión.
Los investigadores, mediante trabajo de campo, filmaciones y escuchas telefónicas, lograron identificar a los oficiales involucrados en esta red de reventa. Como resultado, se ordenaron tres allanamientos, uno de ellos en la división de Conductas Delictivas de la Ciudad, así como en domicilios de los policías en el barrio Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Lanús, Gran Buenos Aires. Los procedimientos sorprendieron a los investigadores, ya que no solo encontraron una cantidad significativa de dinero en efectivo, sino también dispositivos electrónicos que se utilizaban para llevar a cabo las operaciones, así como una buena cantidad de credenciales de socios de clubes, en su mayoría del Boca Juniors, y actas contravencionales que estaban parcialmente completadas.
Para la justicia, los hallazgos recientes respaldan la teoría delictual, sugiriendo que los carnets eran alquilados por cada equipo, permitiendo que un grupo de personas accediera a los partidos a cambio de un pago, generando así otra fuente de ingresos. Este escándalo ha puesto en evidencia la connivencia de algunos oficiales de policía que, en lugar de combatir la reventa y la actividad de las barras, estaban involucrados en ella. No es la primera vez que se presentan casos de este tipo; años atrás, el comisario Enrique Meta fue condenado por enriquecimiento ilícito, donde se demostró que parte de sus ingresos provenía de negocios relacionados con la reventa de entradas.
Uno de los oficiales que fue allanado ha terminado detenido, y se espera que se entregue en breve. La investigación continúa, y se espera que se cierren los círculos de corrupción, aunque los resultados son aún inciertos.
