La madrugada del miércoles 21 de febrero de 2024, la vida de la familia del ex militar venezolano Ronald Ojeda se vio marcada por un trágico suceso que afectaría las relaciones entre Chile y el régimen de Nicolás Maduro. Un año antes, un grupo de individuos que se presentaron como detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió en su hogar, ubicado en el piso 14 de un edificio en la comuna de Independencia, y lo secuestraron, llevándolo del lugar en ropa interior. En el mismo día, las autoridades chilenas confirmaron el secuestro de Ojeda y ordenaron un mayor control en los pasos fronterizos. A pesar de que se consideraba la posibilidad de un secuestro extorsivo, no se recibió ninguna solicitud de rescate por parte de la familia.
El hallazgo del cuerpo de Ronald Ojeda
Diez días después de su secuestro, el cuerpo de Ronald Ojeda fue descubierto enterrado en una maleta a una profundidad de 1,40 metros en una toma de terreno en la comuna de Maipú. Este hallazgo se produjo tras la detención, el 28 de febrero, de un menor de 17 años de nacionalidad venezolana, quien supuestamente había estado involucrado en las labores de vigilancia de Ojeda, según lo indicado por el fiscal a cargo del caso, Héctor Barros. El fiscal nacional, Ángel Valencia, expresó su sorpresa por “el nivel de logística empleado” en el secuestro y posterior homicidio de Ojeda.
Identificación de sospechosos
Durante la investigación, la PDI identificó a otros dos ciudadanos venezolanos como sospechosos del secuestro de Ojeda, quienes habían logrado escapar de Chile. Estos individuos fueron identificados como Walter de Jesús Rodríguez Pérez y Maikel Villegas Rodríguez, ambos asociados a la organización criminal conocida como Tren de Aragua. Se informó que las huellas de Walter Rodríguez fueron encontradas en el ascensor del edificio desde donde fue secuestrado Ojeda, y se le consideraba el encargado del operativo de secuestro.
A mediados de marzo, el fiscal Barros indicó que las investigaciones apuntaban a que el homicidio de Ojeda podría tener un trasfondo político relacionado con Venezuela. “Hasta el momento no tengo otros antecedentes que nos demuestren o que nos indiquen hacia otro lado”, afirmó el fiscal. La ministra del Interior, Carolina Tohá, sugirió que, dado este contexto, “los ojos van a estar puestos sobre el comportamiento” de Venezuela.
Reacciones desde Venezuela
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, declaró que su país colaboraría en la búsqueda y captura de los dos prófugos que se habrían dirigido a Venezuela. Sin embargo, a medida que pasaron los meses, no se recibieron noticias desde Caracas. En junio, Saab afirmó que el crimen de Ojeda “fue una operación de falsa bandera, un falso positivo, donde pudieran estar involucrados agentes al servicio de una potencia extranjera y agentes de seguridad chilenos”. Estas afirmaciones fueron calificadas como incomprensibles por el canciller chileno, Alberto van Klaveren, quien enfatizó la necesidad de conocer la información que las autoridades venezolanas tenían sobre los prófugos.
En julio, la familia de Ronald Ojeda anunció su intención de abandonar Chile, afirmando que el presidente argentino Javier Milei les había concedido asilo. Sin embargo, cuatro días después, regresaron a Chile tras no lograr el refugio en Argentina. En ese tiempo, se reportó la detención en Costa Rica de Maickel Villegas Rodríguez mientras intentaba cruzar a Panamá, y se confirmó que el adolescente de 17 años involucrado en el secuestro de Ojeda recibió una condena de cinco años de prisión, de los cuales dos serían efectivos.
Desarrollo de las investigaciones
A medida que avanzaban las investigaciones, el fiscal Héctor Barros llegó a la conclusión de que detrás del crimen de Ojeda estaba el gobierno venezolano. “Lo que podemos sostener con base en la investigación es que detrás del crimen de Ronald Ojeda está el gobierno venezolano”, afirmó el fiscal. En agosto, el régimen chavista decidió expulsar al embajador chileno Jaime Gazmuri, lo que marcó un nuevo deterioro en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
En enero de 2025, se conoció la detención en Estados Unidos de un individuo vinculado al crimen de Ojeda, identificado como El Turco, quien supuestamente había coordinado los crímenes de Ojeda y de un mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez. Durante este tiempo, se llevó a cabo un megaoperativo policial en la toma Santa Marta, en Maipú, donde se arrestó a otros implicados en el secuestro y asesinato de Ojeda. Uno de los detenidos fue Julio Iglesias, un miembro del Tren de Aragua que había llevado una vida respetable como conserje en el edificio donde trabajaba.
Posibles extradiciones y nuevos arrestos
Con el avance de las investigaciones, el nombre de Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, surgió en relación con las órdenes para asesinar a Ronald Ojeda. El subsecretario del Interior chileno, Luis Cordero, no descartó solicitar la extradición de Cabello. A finales de enero de 2025, Venezuela ordenó el cierre de los consulados en Caracas y Puerto Ordaz, lo que afectó a aproximadamente 12,000 chilenos que residen en el país caribeño.
El 5 de febrero, se reportó la captura en Colombia de otro presunto implicado en el crimen, Luis Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como Gocho, quien era uno de los líderes del campamento Santa Marta. Una semana después, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía chilena confirmó la detención en Estados Unidos de un nuevo sospechoso, Edgar Benítez Rubio, apodado El Fresa, de quien se solicitó la extradición.
