
Roberto Jacob Jure, quien se desempeñaba como alcalde de La Serena, ha sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante un período de cinco años. Esta decisión fue tomada por el Tribunal Electoral Regional (TER) de Coquimbo, que acogió la solicitud de destitución presentada por un grupo de concejales.
El requerimiento de destitución fue interpuesto en abril de 2022 por los concejales Camilo Araya, Rayén Pojomovsky, Daniela Molina y Daniel Palominos. La solicitud se fundamentó en el notable abandono de deberes y en faltas a la probidad administrativa, utilizando como base un informe elaborado por la Contraloría General de la República.
En el fallo del TER se expone que entre los años 2016 y 2020, las cotizaciones previsionales y de salud de los funcionarios municipales de La Serena, así como de los trabajadores dependientes de la Corporación Gabriel González Videla, solo fueron declaradas, pero no pagadas. Esta situación ha llevado a que la deuda previsional de la Municipalidad de La Serena supere los 13,000 millones de pesos, incluyendo intereses y multas.
Roberto Jacob, quien es militante del Partido Radical, tiene la opción de apelar la decisión del Tribunal Electoral Regional ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL). Este tribunal de segunda instancia tiene la facultad de confirmar o desestimar la destitución del exalcalde.
Tras conocer la sentencia de primera instancia, el removido alcalde Jacob declaró que procederán a “apelar al Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) de acuerdo a la facultad que me otorga la ley, por lo que ya instruí a mi abogado a fin de efectuarlo dentro del plazo establecido para ello. Lo anterior dado que dicho Tribunal de segunda instancia puede confirmar o desestimar dicha determinación”.
Además, Jacob afirmó que “no existió ni existe corrupción, no hay robo ni apropiación indebida, malversación de fondos o cualquier otro delito, tal como hemos acreditado con toda la documentación correspondiente”. También mencionó que “vivimos esto en todo el país por un problema estructural que es insostenible; la educación pública no se financia y debe salir de los municipios. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades”.