La reforma previsional, cuyo proyecto de ley fue presentado por el Gobierno al Parlamento en noviembre de 2022, fue retomada en el Legislativo tras varias semanas de inactividad. La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado acordó un cronograma para avanzar en la discusión de la reforma, lo que incluye un plazo para presentar indicaciones que finalizará el próximo lunes 13 de enero. Posteriormente, se llevará a cabo la votación de las modificaciones entre el miércoles y el jueves de la semana siguiente.
Detalles del cronograma y la discusión
El senador UDI Juan Antonio Coloma, quien preside la Comisión, informó sobre el compromiso de despachar la norma durante el mes de enero. En la reunión, se escuchó la exposición del Ejecutivo y se discutieron las características de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Coloma destacó la importancia de abordar temas relevantes como el 6% de capitalización, que es responsabilidad del empleador, y que aún no se ha definido cómo será entregado. También se mencionó la necesidad de generar condiciones para que hombres y mujeres, con la misma edad y ahorro, tengan jubilaciones similares, así como mejorar la gestión de las AFP para reducir las comisiones de administración.
Exposición del Gobierno
Durante la sesión, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, representaron al Gobierno y valoraron el establecimiento de un cronograma para el despacho de la iniciativa. Jara enfatizó que “hemos avanzado porque se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aumentar la PGU con un calendario que acorta los plazos originales que propuso la Cámara Baja”, subrayando que muchas personas esperan este reajuste. La ministra también mencionó que se espera que las indicaciones que se presenten para la discusión de la Comisión la próxima semana reflejen una responsabilidad compartida entre oficialismo y oposición para alcanzar acuerdos razonables para la ciudadanía.
Controversias en la reforma
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, añadió que el objetivo es incorporar un componente de seguro social relevante y permanente dentro de la estructura de pensiones. Esto implica una revisión de los recursos que se destinarán a dicho seguro, considerando su conjunto en lugar de enfocarse en cada uno de sus determinantes.
La principal controversia en la discusión se centra en el 6% de capitalización. Algunos sectores de la oposición abogan por que este porcentaje se destine íntegramente a las cuentas individuales, como lo promueve la Asociación de AFP a través de su publicidad. En contraste, el Gobierno busca negociar un enfoque que maximice la solidaridad en el sistema de pensiones.
