En los últimos días, las voces disonantes respecto a la reforma de pensiones y al acuerdo que impulsa el Ejecutivo con Chile Vamos en el Senado han ganado fuerza dentro del oficialismo. A pesar de los esfuerzos de personeros como Lautaro Carmona del Partido Comunista (PC) para mantener la cohesión, el ex alcalde Daniel Jadue ha expresado en redes sociales que “es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP”, lo que ha sido respaldado por una parte significativa de la bancada de diputados de su partido.
El debate se intensificó cuando la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) también comenzó a manifestar sus dudas sobre la efectividad de la reforma de pensiones. Marcos Ilabaca, uno de los parlamentarios, anunció que votará en contra, calificando de “inaceptable” los términos en que se aprobaría la reforma. Ilabaca argumentó que “este Gobierno ha renunciado a poder modificar el mercado de las AFP, aceptando las pequeñas concesiones que la derecha le ha entregado”.
El parlamentario hizo referencia a una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric, que era el fin del sistema de las AFP, para justificar su negativa a apoyar la propuesta, afirmando que “se esfumó, no existe”. El borrador inicial de la reforma de pensiones incluía la derogación del Decreto Ley N°3500, que establece el sistema de administradoras de fondos de pensiones, pero esta idea fue descartada a mediados de 2023 debido a la falta de apoyo suficiente en el Congreso.
Jeannette Jara, ministra del Trabajo, explicó en ese momento que “si para la derecha es ideológicamente importante mantener el Decreto Ley 3500 dictado en dictadura, puede ser, pero para nosotros lo que nos importa es el resultado, que es mejorar las pensiones”.
Ilabaca continuó su crítica, afirmando que “mi voto no estará disponible para poder entregarle esta condena a los jubilados de nuestro país y este beneficio a las AFP para seguir teniendo las sendas utilidades que hasta el momento han tenido”. Su postura fue respaldada, aunque con matices, por su compañero Daniel Manouchehri, quien declaró a La Tercera que “el sistema de AFP fracasó. No podemos haber llegado al gobierno pidiendo no más AFP para terminar con más AFP”.
En cuanto a la reforma de pensiones, se planteó inicialmente una cotización adicional del 6%, que sería costeada por el empleador y destinada a la solidaridad. Sin embargo, la falta de apoyo hizo que esta propuesta fracasara, dando paso a la fórmula 3+3, donde el 3% se destinaría a las cotizaciones individuales y el 3% restante a la solidaridad intergeneracional, así como a un complemento por cuidado de terceros y compensación por diferencias en las expectativas de vida. Esta fórmula tampoco fue respaldada en la Cámara de Diputados.
A finales de julio del año pasado, Mario Marcel, ministro del Interior, presentó un nuevo mecanismo para avanzar en la discusión del 6%: la fórmula 1,2 y 3, donde el 3% se destinaría a las cuentas individuales y el 3% a la solidaridad, dividiéndose en 1% para un aporte permanente y 2% para un préstamo reembolsable tras la jubilación. Sin embargo, esta propuesta tampoco logró el apoyo necesario.
Actualmente, la propuesta más concreta para alcanzar un acuerdo en el Senado es de un 5,5% para las cuentas individuales y un 0,5% para compensar las diferencias en las pensiones entre hombres y mujeres. Esta situación ha generado descontento dentro del oficialismo, como lo expresó el diputado Boris Barrera (PC), quien indicó que el Ejecutivo debería reponer su proyecto original, donde el 6% se destine a la solidaridad, y si no hay acuerdo, dejarlo en 3% y 3%, pero también votarlo, para que la responsabilidad recaiga en la derecha.
Emilia Nuyado, del PS, también se pronunció al respecto, afirmando que “el Gobierno debe escuchar a la gente y no validar una propuesta miserable. Yo creo que debemos apuntar a un sistema de reparto, como las Fuerzas Armadas. Yo espero más dureza del Ejecutivo con la derecha y dejar de transar con principios de la solidaridad”.
