La tramitación de la ley de Presupuestos 2025 en la comisión especial mixta ad hoc del Congreso comenzó este martes con señales del Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha reconocido que la situación económica y fiscal presenta desafíos significativos, posiblemente más complejos que en años anteriores, para la discusión del erario. Durante su intervención, el secretario de Estado manifestó su disposición a incluir en un posible acuerdo una serie de medidas que permitan un mejor control del gasto y los ingresos del Estado, tal como lo han solicitado tanto los parlamentarios de oposición como el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
Marcel indicó que “compartimos” las preocupaciones y recomendaciones del CFA, mostrando apertura para establecer mecanismos que aseguren el cumplimiento de las metas de ingresos fiscales. Además, se comprometió a corregir las “falencias” que, en sus propias palabras, presenta la metodología actual para calcular la recaudación del Gobierno Central. También se mostró dispuesto a explorar alternativas para recomponer los ahorros en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y a garantizar un manejo “prudente” de este fondo.
La apertura del ministro se produce en un contexto donde la oposición, especialmente la bancada de diputados de Renovación Nacional, ha endurecido su postura, amenazando con rechazar varias partidas del Presupuesto si no se implementan recortes más profundos en el gasto público. Este escenario se presenta en un momento en que la economía muestra signos de debilitamiento y los ingresos del Estado han disminuido más de lo anticipado. En la jornada de hoy, la comisión mixta comenzará la votación de las respectivas partidas presupuestarias, donde se espera que surjan más detalles sobre un posible acuerdo entre el Gobierno y el Congreso. Este proceso podría concluir el viernes.
Debate por transferencias
Diversos análisis han centrado su atención en diferentes aspectos del erario 2025. Uno de los informes más recientes se enfoca en un tema de gran relevancia para la política social: las transferencias monetarias directas del Estado hacia la población. Un estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) revela que la propuesta del Ejecutivo para el próximo año contempla una caída real del 2,3% en el gasto destinado a transferencias monetarias, lo que significa que estos aportes representarán un 14% de los desembolsos totales del Estado. Esta reducción implica una disminución de 0,7 puntos porcentuales en comparación con el presupuesto del ejercicio actual.
El informe, elaborado por los investigadores Felipe Bettancourt, Matías Otth y Margarita Vial, detalla que la disminución del gasto en transferencias equivale a aproximadamente US$ 303 millones. A pesar de esto, se estima que los aportes estatales a los ciudadanos alcanzarán los US$ 13.000 millones el próximo año, lo que representa un 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra implica una reducción de tres décimas en la participación de las transferencias en el tamaño de la economía en comparación con el presupuesto de 2024. Ambos indicadores se alejan del máximo alcanzado en 2023, cuando un 15,8% del gasto, equivalente a un 4% del PIB, se destinaba a subvencionar a la población.
La Pensión Garantizada Universal (PGU) se erige como la principal transferencia monetaria directa en Chile, concentrando casi el 50% de los aportes totales. En comparación con el presupuesto de este año, los desembolsos para el pago de la PGU aumentan un 3,1%. En contraste, se observa una disminución en los fondos destinados al Subsidio Único Familiar, que experimenta una reducción del 15,7%, lo que equivale a US$ 140 millones menos que en el presente año. Además, se prevé la eliminación de programas como el Bolsillo Familiar Electrónico y el Ingreso Mínimo Garantizado, lo que liberará fondos por un total de US$ 290 millones.
La PGU representa el 51% del total de transferencias del Estado hacia los ciudadanos, lo que supone un incremento de tres puntos porcentuales en comparación con 2024. En un lugar secundario se encuentran las pensiones del sistema de reparto y las leyes reparatorias de Derechos Humanos, que constituyen el 21% del total, manteniendo el mismo peso que en el año actual. Posteriormente, se encuentran las pensiones del Aporte Previsional Solidario (APS), que representan el 6%, al igual que en el presente ejercicio, y el Subsidio Único Familiar, que disminuye del 7% al 6% respecto a 2024. La Pensión Básica Solidaria de Invalidez se mantiene en un 5% en ambos ejercicios, mientras que el Aporte Familiar Permanente se mantiene en un 2% en los dos años analizados.
Personal versus transferencias
El análisis también se centra en la comparación entre el peso de los subsidios directos y otro gasto significativo dentro del presupuesto: el destinado a financiar el personal del aparato estatal. Para el año 2025, el monto asignado al gasto en personal (conocido como el subtítulo 21) alcanzará un 19,5% del total, superando así el porcentaje destinado a transferencias directas, que es del 14%. En cuanto a la inversión pública, esta representará un 15,9% del total del gasto del Estado, situándose por encima de las transferencias directas. Para poner esto en perspectiva, el presupuesto de 2024 contempló que un 18,9% del gasto se destinaría a personal, un 14,7% a transferencias directas y un 15,7% a inversión estatal.
