Durante dos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escucho los alegatos de los representantes de la menor de 14 años, quienes solicitan que el Estado de Chile sea condenado por avalar judicialmente a isapre MasVida.
Esta última entidad es acusada de poner fin de manera “unilateral y arbitraria” a un seguro de salud que le permitía a la niña mantener un tratamiento para llevar el síndrome de Leigh; una enfermedad neurológica de origen genético, progresiva y degenerativa.
A juicio de Silvia Serrano, representante de la víctima, el Estado es responsable por violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de la menor, al poner en riesgo su vida.
Además aseguró que el Estado también faltó a su deber de regular, fiscalizar y supervisar a la empresa aseguradora.
La lucha judicial
La batalla legal de los padres de M.V. comenzó en 2010 cuando MasVida puso fin al seguro que permitía cubrir el 100 por ciento de los gastos de la menor, situación que llevó a la familia a presentar una acción judicial en contra de la entidad privada. Sin embargo, la Tercera Sala de la Corte Suprema falló a favor de la prestadora de salud.
La familia volvió a insistir el 27 de agosto de 2011, esta vez ante la Superintendencia de Salud, quien resolvió a favor de la niña y ordenó restablecer la cobertura del seguro para su hospitalización en casa.
No obstante, la familia acusa que durante los 15 meses que la menor estuvo sin cobertura, el Estado jamás les ofreció ayudarlos y hacerse cargo de las necesidades médicas de la niña.
La defensa del Estado
Frente a esta nueva demanda ante la CIDH, la agente del Estado, Constanza Richards, aseguró que el Estado no tiene responsabilidad alguna y que más bien actuó como correspondía al ordenar el restablecimiento de la cobertura médica.
También destacó que a la familia de la menor le fueron reembolsados los gastos en los que incurrió cuando estuvo sin la cobertura, por lo que “el Estado solicita a la Corte que rechace las pretensiones y declare que el Estado no tiene responsabilidad internacional por este caso”.
“Este es un acto de un particular que generó afectación y que el Estado intervino para remediarlo”, puntualizó.
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