El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió a las críticas del fiscal nacional, Ángel Valencia, respecto a la reducción de $7 mil millones en el presupuesto 2025 del Ministerio Público. Marcel aclaró que este recorte es parte de una disminución general de $544 mil millones en el gasto público, la cual fue aprobada por el Congreso Nacional.
Detalles sobre el recorte presupuestario
El titular de Hacienda enfatizó que “el ajuste de gasto del cual forma parte el Ministerio Público fue mandatado por la ley. No es un tema que haya sido de elección o respecto del cual el Ejecutivo tuviera un margen de flexibilidad”. Esta afirmación subraya que la reducción de recursos no es una decisión arbitraria, sino que está enmarcada dentro de las disposiciones legales establecidas.
Ley de Presupuesto 2025
Marcel también mencionó que en la ley se incluyó una glosa en el tesoro público que estipulaba que el recorte debía realizarse a más tardar diez días después de la entrada en vigencia de la ley, aplicándose como reducciones uniformes en los subtítulos presupuestarios.
El ministro destacó que, a pesar de este recorte, varias instituciones no se vieron afectadas, especialmente aquellas relacionadas con la salud y la seguridad. En este sentido, descartó que la reducción de recursos impacte negativamente en la lucha contra la delincuencia, afirmando que “se exceptuó a un conjunto de instituciones, entre ellas, dentro del ámbito de la seguridad, estaban las policías de Carabineros, de investigaciones y Gendarmería de Chile”.
Flexibilidad en la ejecución presupuestaria
Además, Mario Marcel explicó que “la ejecución presupuestaria tiene márgenes de flexibilidad durante el año”, lo que permite a las instituciones adaptarse a situaciones imprevistas. En el caso del Ministerio Público, esto significa que puede manejar su presupuesto de manera que se minimicen los efectos del recorte.
El ministro concluyó su intervención afirmando que “la señal que se está dando es que simplemente se está cumpliendo la ley”. Esta declaración refuerza la idea de que el recorte es parte de un proceso legal y no una decisión arbitraria del gobierno.
