La diputada María Luisa Cordero solicita a la Contraloría una auditoría sobre el uso de recursos municipales en un evento de la alcaldesa Irací Hassler.
La diputada María Luisa Cordero, perteneciente a la bancada de Renovación Nacional (RN), ha solicitado formalmente a la Contraloría General de la República el inicio de una auditoría con el objetivo de verificar el uso adecuado de los recursos municipales en relación con un evento organizado por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Este evento, que se llevó a cabo en la Cúpula del Parque O’Higgins el 25 de septiembre, tenía como finalidad la presentación del Plan de Desarrollo Comunal 2024-2034.
La diputada Cordero, quien es médico cirujano de profesión, fundamentó su solicitud en el hecho de que el evento incluyó una actuación de la agrupación musical Sonora Tomo Como Rey. Esta inclusión ha suscitado una serie de cuestionamientos sobre la legitimidad del uso de los recursos públicos. Cordero expresó su preocupación por la posibilidad de que los fondos destinados a la actividad no se hayan utilizado exclusivamente para los fines municipales, sugiriendo que podrían haber sido empleados como una herramienta electoral. En sus declaraciones, la legisladora subrayó que “una actividad de tal envergadura genera una imagen positiva de la administración local en pleno período electoral”.
Además, Cordero advirtió que este tipo de eventos podría ser interpretado como una estrategia encubierta de campaña para favorecer la reelección de la alcaldesa comunista Irací Hassler, quien aspira a continuar en su cargo en las próximas elecciones municipales. En este contexto, la diputada enfatizó que “el uso de recursos públicos sin los estándares mínimos de objetividad puede infringir los principios de probidad administrativa, tal como se estipula en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional”.
Por lo tanto, la congresista ha oficializado su petición a la Contraloría para que se lleve a cabo una verificación exhaustiva del destino real de los fondos utilizados para el evento. En caso de que se detecten irregularidades, Cordero ha solicitado que la información sea remitida al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y al Servicio Electoral, especialmente si se determina que el uso de estos recursos tiene implicaciones en el proceso electoral programado para el 26 y 27 de octubre.
